¡Comenzar a erradicar!» ordena con voz de mando el teniente Wilson Santos a soldados que inician la destrucción de plantaciones de coca en la región de La Asunta, en los valles subandinos de Bolivia, zona tradicional agrícola donde abunda la milenaria planta.
El grupo de 52 soldados de la Aviación y la Marina, enrolados por un año, llegaron a La Asunta, unos 210 km al este de La Paz, hace una semana para destruir plantíos, tarea que provoca descontento de los lugareños.
Uniformados con ropa de camuflaje y sombreros de ala ancha, los militares usan picos y machetes y también la mano para destruir la planta, en esta zona donde su presencia era hasta hace un tiempo vedada.
«Moverse, moverse… avanzar, avanzar», arenga otro oficial para apurar a sus subalternos a destruir un cocal, de una extensión de 2.500 m2, en el inicio de una tarea que en la zona se prolongará todo este año.
El gobierno acordó la erradicación con el dueño del terreno, al igual que con otros propietarios, con el fin de mejorar la infraestructura vial y sanitaria y espera convencer a más cocaleros para seguir avanzando.
En la región viven unos 15.000 agricultores, que fundamentalmente se dedican a cosechar coca.
Los pobladores de La Asunta aseguran que están amparadas por la ley sus plantaciones de un total de 2.000 hectáreas, de las 20.500 que existen en la región de los Yungas, donde se ha sembrado coca desde la época incaica.
Bolivia tiene un total de 30.500 hectáreas de coca, de las cuales unas 8.000 están radicadas en el Chapare, centro del país y cuna política del presidente Evo Morales.
La ley permite un máximo de 12.000 hectáreas de coca, para usos tradicionales como infusión, masticación (mitiga el hambre) y rituales (los aymaras usan hojas para leer la suerte), sin embargo Morales pretende subir la cuota hasta 20.000 hectáreas, con la meta de poder industrializar la hoja.
El objetivo de esta ley es erradicar entre 5.000 y 8.000 hectáreas de plantíos al año, hasta estacionarlos en 12.000 hectáreas.
Hasta el año 2000, Bolivia mantuvo sus cultivos en 15.000 hectáreas, pero la inestabilidad política motivó que se descuidara el control de la producción de coca, materia prima para la elaboración de cocaína.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de hace dos semanas, criticó al gobierno de Morales de ser permisivo en el control de la coca en varios lugares del país, aunque La Paz, enemistado con Washington por razones ideológicas, atribuyó al reporte intenciones políticas.
Uno de esos lugares, varias veces señalado como centro de los nuevos cultivos es La Asunta, aunque los lugareños aseguran que su producción no está dirigida al narcotráfico, sino a mercados legales de distribución al menudeo en la ciudad de La Paz para fines legales.
Es por ello que la palabra cocaína suena en La Asunta como una ofensa.
«Esta es una zona tradicional de producción de coca, la producción va a los mercados legales de La Paz, hay control», asegura el dirigente campesino del lugar, Emilio Mayta.
Si hay oposición a los planes de erradicación, estima Mayta, es porque existen «grupos sindicales que tienen cocales grandes» y que «se manejan políticamente», ante la cercanía de las elecciones de alcaldes y gobernadores el 4 de abril próximo.
Para evitar que estalle un eventual conflicto social, el gobierno boliviano pretende avanzar sin prisa, pero sin pausa, en la erradicación de coca. «Todo el trabajo es concertado, vamos a erradicar en concertación», afirma el ingeniero Porfirio Huasco, de la Unidad de Desarrollo de Yungas.