Unos 30 mil guatemaltecos corren riesgo de ser deportados por Estados Unidos en los próximos cuarenta días, situación que refleja el grado de discriminación que afrontan en ese país, y la falta de atención del Gobierno de Guatemala, afirma la Unión de Guatemaltecos Emigrantes, UGE, residentes en Los íngeles, California.
Rosa Elvira Posadas, directora de la UGE, dijo que a millares de guatemaltecos en Los íngeles no se les toma en cuenta por carecer de documentos, y en Guatemala las autoridades los excluyen de políticas laborales cuando son deportados.
«Vivimos hastiados de afrontar discriminación, deportación ante la falta de atención del Gobierno que preside í“scar Berger, por lo cual recabamos un documento con 15 mil firmas de compatriotas que trabajan Los íngeles para entregarlo al presidente del Congreso, Rubén Darío Morales», enfatizó.
El flujo de remesas enviadas por los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos, ascendió a Q2,292.8 millones en el año 2005. Según estadísticas del Banco de Guatemala, BANGUAT, las remesas superan al sector turismo, y las exportaciones de café, azúcar, banano y cardamomo.
Controles migratorios
El endurecimiento de controles migratorios con la ampliación del muro en la frontera México-estadounidense, penas severas contra los guatemaltecos infractores de leyes de tránsito y fiscales, y la descalificación de los expedientes para tramitar su residencia, incrementa el sufrimiento de los guatemaltecos, añadió.
La lideresa explicó que a finales del 2005, se inicia el debate de una política migratoria en Estados Unidos la cual califica a los migrantes bajo la sombra del terrorismo e incrementa su vulnerabilidad.
La administración del presidente George W. Bush voltea la espalda a la condición de pobreza, falta de oportunidades y desempleo que afrontan los latinoamericanos en ese país, y que los impulsa a arriesgar su vida y que ven en la migración la única estrategia de sobrevivencia.
Falta de atención
Por su parte, la Cámara de Industria, el Congreso de la República y otras instituciones, ven con preocupación el incremento de las deportaciones de guatemaltecos y criticó la falta de asistencia del Gobierno.
Hicieron un llamado a la Cancillería orientado a ejecutar acciones de atención, asistencia y protección a los migrantes que laboran en ese país del Norte.
La Constitución de la República reconoce los derechos de los migrantes, y pese a constituir el primer sector generador de divisas que sostiene la economía guatemalteca, afronta la ausencia de políticas públicas de atención en el extranjero, agregaron.
«Los deportados invirtieron dinero para llegar a Estados Unidos, también tributaron impuestos y cuando retornan a Guatemala, pierden todo pues aquí encuentran condiciones de desempleo, pobreza extrema, falta de oportunidades y de asistencia», dijo Ana María Nostra, defensora del Migrante de la PDH.
La reunión se realizó en la Casa Larrazabal, del Congreso de la República, y contó con la participación de la Cámara de Industria y los miembros de la Junta Directiva del Congreso electa para el 2007.
María Eugenia de Sierra, procuradora en funciones, agregó que la Constitución de la República reconoce los derechos de los guatemaltecos que trabajan en el extranjero.
Hizo un llamado a la Cancillería que permita fortalecer la atención a los indocumentados en los consulados.
Esa institución se comprometió a brindar acompañamiento directo a los guatemaltecos indocumentados que afronten problemas.