La Defensa Pública Penal sigue sumando cuánto deberá pagar Raúl Girón, uno de los sindicados en el desvío millonario de Q82,8 millones del Congreso de la República ocurrido en 2008, quien había solicitado el inicio de su defensa cuando lo requirió a través del juez.
La directora, Blanca Stalling, explicó que podrían ser mil quetzales por la papelería y gastos que efectuó esa oficina cuando tomó el caso, porque la ley lo permite, pero inmediatamente se efectuó un estudio socioeconómico donde se determinó que esa persona tiene propiedades, por lo que no se puede atender, ya que es un programa de defensa para aquellos que no pueden pagar un abogado y ganan menos de tres salarios mínimos.
Esta reacción responde porque el jefe del bloque unionista, Mariano Rayo, la invitó para conocer sobre cuatro casos de alto impacto que ha tomado la Defensa Pública Penal, acciones de defensa que son rechazables porque se está defendiendo a autores de delitos de alto impacto, señaló el diputado.