Comerciantes del interior del país edificaron pequeños negocios en la Capital a base de arduas jornadas de trabajo desde su infancia o de laborar en Estados Unidos; invertir fuera de sus comunidades, según dicen, representa una oportunidad de desarrollo para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.

Sin embargo, en la actualidad enfrentan uno de los principales desafíos en seguridad: Las extorsiones.  El último informe oficial indicaba que este año se han conocido 924 denuncias de esta índole en el país.

Llegaron de Sololá, Quiché y San Marcos con ahorros y sueños para instalarse en la Capital –principalmente en zonas 18, 6, 12 y 21–, con el claro objetivo de incrementar sus ingresos y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de sus familias.

Muchos empezaron a trabajar arduamente desde que tenían 6 años junto a sus padres y otros viajaron a Estados Unidos, donde vivieron en condiciones deplorables, se alimentaron poco, durmieron “lo que pudieron” y vivieron con otra identidad para evitar ser deportados; ofrecieron su mejor esfuerzo para volver al país e instalarse en la Capital y así iniciar sus propios emprendimientos con el capital que lograron ahorrar.

Según los relatos de algunos comerciantes, nunca imaginaron que instalarse en la Ciudad de Guatemala representaría una amenaza constante para su seguridad, y fue difícil aceptar la situación cuando grupos de delincuentes empezaron a entregar teléfonos celulares para exigir extorsión, exigirles productos en especie o asaltarlos constantemente.

Los extorsionistas les impusieron “la tarifa” de al menos Q300 por negocio, lo que tuvo un  efecto negativo en los comercios, que llevó a algunos a cerrar, huir o a morir.

La espiral de violencia afecta cadenas humanas extensas, que no se quedan únicamente en el comerciante, sino también en los dependientes de la tienda y en sus familias. Las entrevistas realizadas reflejan el temor y la angustia con la que muchos de ellos viven.

TRES AÑOS DE EXTORSIONES

*Miguel llegó a una de las zonas rojas de la Capital hace cinco años.  Es originario de San Bartolomé, Quiché, y según relata, sus padres le enseñaron a trabajar arduamente desde que era un niño; sus jornadas laborales iniciaban antes de las cinco de la mañana y concluían al menos a las siete de la noche en la comercialización de frutas y vegetales.

Su capacidad numérica y su facilidad para vender productos le permitió pronto convertirse en el heredero del emprendimiento familiar.

Miguel dice que llegó a la Capital con el afán de mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares, pues en Quiché no es posible alcanzar el crecimiento económico que desearía, y un ejemplo de eso es que la mayoría de sus vecinos vive en pobreza o pobreza extrema.

El afectado relata que lleva tres años pagando extorsión a delincuentes que le exigen Q300 semanales; la última vez que dispararon su tienda fue en febrero pasado, cuando se negó a recibir un teléfono celular.

*Roberto, un joven de 22 años que labora en ese negocio, explica que vive en constante temor pues fue trasladado de una tienda a otra -ambas propiedades de su empleador- porque estaba amenazado de muerte.

“Me trasladaron a esta tienda -tiene ocho meses de estar en la Capital-. La primera vez me dieron un teléfono no quería recibirlo, pero me obligaron.  Me dijeron -por un celular- quiero que te pongas al día y se fueron.  Les dije que no sabía nada y que le iba a decir al encargado, como me negué me dijeron que me iban a matar. Mi jefe me sacó de allá y me trajo aquí, al otro muchacho que se quedó en mi lugar le dijo que mejor le dieran lo que le pidieran, y que no preguntara nada”, explica.

Roberto admite que le teme a los extorsionistas, pero su situación en San Bartolomé es precaria, tiene una esposa en estado de gestación y lo que más desea es comprarle “un terreno”; por eso prefiere soportar esta situación.

El propietario de este comercio solicitó la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala para apostarse frente a su tienda, sin embargo, aun así, los delincuentes se han acercado para exigir productos sin pagar.

En este caso no se reportan víctimas mortales, pero en otros sí las hay.

Héctor Isaías Cojtín Chiroy, de 14 años, vendedor de frutas y verduras fue asesinado el 19 marzo en Pinares del Norte zona 18, cuando trasladaba los productos que comercializaba en el interior de su vivienda; según las autoridades, una de las hipótesis es que se negó a pagar la extorsión.

DENUNCIAS

Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), hasta el 24 de marzo se cuantifican 924 denuncias de extorsión, conocidas a través de las delegaciones de la Unidad Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Panda) de la PNC, que se ubican en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Jalapa, Alta Verapaz y Suchitepéquez -recientemente  inaugurada.

De los registros, 648 casos corresponden a residencias, 190 a comercios, 12 al transporte pesado, 30 al transporte extraurbano, 3 al transporte urbano, 12 a taxis y 29 a mototaxis.

Por estos casos se ha detenido a 85 personas acusadas por delitos vinculados a extorsión. Las estadísticas de Gobernación aún apuntan a que el 85 por ciento de ilícitos sigue planificándose desde la cárcel.

A criterio de Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), las autoridades han hecho “esfuerzos importantes” por desarticular a las estructuras organizadas de extorsionistas, sin embargo, también está confirmado que este delito sobrepasa su capacidad de investigación y respuesta.

“Creemos que hay esfuerzos importantes, se ha dado un tratamiento sistemático de las extorsiones por parte del Mingob con la instalación de la Fuerza de Tarea y el trabajo en conjunto con los fiscales del Ministerio Público (MP), sin embargo, el delito rebasa las capacidades del Ministerio, por eso nosotros sugerimos que se fortalezca la investigación criminal junto con la responsabilidad de las personas para denunciar”, refirió.

A criterio del profesional, el problema se incrementa y se agudiza porque a las estructuras organizadas se suman otros actores, que no precisamente pertenecen a bandas delictivas.

“Los delincuentes juegan con la psicología de las personas y en muchos de estos casos se sabe que es gente que conoce a quienes extorsionan.  Hay dos tipos, quienes los conocen y otros que están privados de libertad”, indica.

PREVENCIÓN

El viceministro de Seguridad y coordinador de las Fuerzas de Tarea del Mingob, Edi Juárez, dijo a La Hora que el trabajo para contrarrestar las extorsiones que actualmente asedian a diversos sectores se basa en la persecución, pero también en la prevención del delito junto con el Viceministerio de Prevención del Delito para evitar que más niños y jóvenes se involucren con los grupos delictivos.

El funcionario refirió que cada denuncia recibida se analiza por sus características y se identifica a quienes están detrás de los delitos, aparte de esto se “gerencia la crisis”, de las víctimas afectadas y se hacen intervenciones directas, dependiendo que información se tenga.

Juárez fue consultado por el incremento de casos de extorsión en contra de comerciantes, pues en las últimas semanas los cuerpos de socorro han atendido varias emergencias de tenderos que fueron heridos o asesinados.  El Viceministro respondió que es una reacción por las acciones implementadas y que estos hechos han disminuido en relación con años anteriores, aunque no proporcionó cifras comparativas.

“Los extorsionistas siempre usan el terrorismo como medio para hacer valer sus posiciones y cometer acciones directas en contra de algunas personas de comercios, transporte o particulares y lo usan para presionar para que paguen la extorsión; nosotros vemos que se han dado esos eventos, pero son menos que el año pasado y el año antepasado, lo que está sucediendo en que estas organizaciones cuando se les ha golpeado o desestructurado también están en una fase de reacción”, indicó.

El vicetitular de Gobernación indicó que necesitan que la población denuncie el acoso del que son objeto, pues es la única forma de combatir el delito.

Por otro lado, Juárez anunció que en un mes podrían finalizar la campaña de prevención de extorsiones que pretenden lanzar con el apoyo de los medios de comunicación y que busca informar a la población sobre las acciones que debe tomar en este tema.

“Estamos terminando de afinar todas las recomendaciones que queremos lanzar en esa campaña, para que las personas que son objeto de extorsión sepan qué pasos seguir cuando reciben una llamada o les mandan una nota, en ese proceso de formulación estamos”, afirmó.

El funcionario explicó que también han previsto publicar los números de teléfono que son utilizados por los extorsionistas, pero esto aún se analiza para evitar ilegalidades.

“Estamos viendo la legalidad de que nosotros publiquemos números de teléfono que están usándose, nosotros tendríamos que solicitar el apoyo de los medios escritos para que todos los días nos publiquen una lista actualizada de los números, pero estamos realizando el proceso de legalidad porque puede ser que alguien más esté utilizando el número de una persona y por eso nos pueden interponer una denuncia”, indicó.