La inmigración ha beneficiado económicamente a España y así lo han reconocido empresarios, sindicatos y el gobierno socialista, aunque tanto éste como su rival conservador han advertido de que no harán regularizaciones masivas en los próximos cuatro años y que apostarán por las contrataciones en origen.
El actual gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero regularizó en 2005 de manera «extraordinaria» a unas 600 mil personas con la condición de que las empresas les hicieran un contrato y cotizaran a la Seguridad Social.
Este proceso redundó «no sólo en beneficio de ambas partes, sino en el conjunto de la sociedad», manifestaron recientemente en un documento la federación de empresarios, los sindicatos y el gobierno.
Pero recuerdan que esa regularización fue algo «excepcional, transitorio, con plazo de caducidad y sin intención de volver a repetirse en el futuro».
«No se prevé ninguna regularización extraordinaria porque no hay el nivel de extranjeros que dejó el señor Aznar» en 2004, declaró Antonio Hernando, portavoz socialista en la comisión de Interior del Congreso.
El conservador Partido Popular (PP), que criticó la regularización de Zapatero después de haber llevado a cabo cinco procesos similares durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004), en los que legalizó a 450 mil extranjeros, coincide con los socialistas en que no los repetirá.
Actualmente hay unos 300 mil sin papeles en España, según el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.
Ambos partidos también están de acuerdo en aumentar las expulsiones en un país puente entre Europa y ífrica. El actual gobierno subraya que en estos años ha incrementado las expulsiones en casi un 50%, con 330 mil devoluciones de ilegales.
Pero el PP quiere ir más lejos: no sólo no hará más regularizaciones masivas sino que quiere prohibirlas por ley.
A falta de éstas, los ciudadanos extranjeros pueden obtener permisos de trabajo o residencia por los canales normales: contratación en origen, el más común, arraigo social y reagrupación familiar.
Que los inmigrantes han contribuido a la economía española se refleja en cifras como que su aportación supone el 50% del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), según el ministro español de Trabajo, Jesús Caldera.
El catedrático de Economía Josep Oliver, de la Universidad Autónoma de Barcelona, coincide en ese porcentaje para el período 2004-2007 debido a que los extranjeros han ocupado el 60-65% del nuevo empleo de media y más del 85% en Cataluña y Madrid.
«No hay conciencia de hasta qué punto los nuevos empleos han ido a la inmigración porque no hay nativos» para ocupar esos puestos, explica.
Y para satisfacer el mercado de trabajo y mantener el crecimiento actual de la economía, España necesitará al menos 4 millones de trabajadores extranjeros hasta 2020 debido a la disminución de la demografía, calcula.
El acceso de inmigrantes al mercado de trabajo español «ha corregido determinados desajustes» en ésta, lo que «ha permitido el mantenimiento de unos índices de crecimiento económico que han sido los mayores de nuestra historia», reconocieron también más de cien catedráticos y profesores universitarios que pidieron en un manifiesto que no se vote al PP por xenófobo.
Pero los inmigrantes son los que más sufren cuando la economía española va mal y el desempleo les afecta en mayor medida.
Ante este panorama, socialistas y conservadores coinciden en apostar por una inmigración ordenada, agilizando las contrataciones en origen los socialistas y creando una oficina nacional y en los países de origen los conservadores.
El candidato del PP a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, ha endurecido su discurso alertando de la «avalancha» que llega y del peligro de que «se convierta en una pesadilla». «No cabemos», estima.
Y ha añadido a sus propuestas un «contrato de integración» al estilo del francés, por el que el inmigrante se compromete a cumplir con las costumbres del país, y un visado por puntos, que favorecería a ciudadanos de determinados países y cualificación, lo que ha criticado la izquierda y varios colectivos.
Cerca de 200 mil extranjeros obtuvieron un permiso de trabajo a través de los acuerdos de contratación en origen que ha firmado España con varios países, seis de ellos latinoamericanos.
La contratación en origen es el medio más común de obtener un permiso de residencia en España y 200 mil personas lo consiguieron por esta vía en 2007, frente a los 180 mil de 2006, según la secretaría de Estado de Inmigración.
España tiene acuerdos para la contratación en origen con Colombia, Ecuador, República Dominicana y con cinco países africanos y europeos (Marruecos, Rumania, Polonia, Bulgaria y Mauritania), según la misma fuente.
Asimismo ha firmado acuerdos para poner en marcha proyectos piloto de contratación en origen con El Salvador, Honduras y Argentina, además de Senegal y Filipinas.
En los últimos siete años, España ha pasado de tener 40 a 45 millones de habitantes gracias sobre todo a la inmigración, que hoy supone el 10% (4,5 millones de personas) de la población.
De éstos, casi 4 millones tiene permiso de trabajo o residencia, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del ministerio de Trabajo.
Marruecos lidera los países de origen de los inmigrantes legales, seguido de Rumania, Ecuador (con 396 mil inmigrantes) y Colombia (254 mil). En noveno lugar llega Perú (116 mil).
Actualmente en España se puede obtener un permiso de residencia o trabajo a través de la contratación en origen, arraigo social y reagrupación familiar.
Con la contratación en origen, el canal mayoritario, lo obtuvieron 200 mil personas en 2007.
El arraigo es un medio mucho menos utilizado y en 2006 el gobierno concedió 7.427 permisos por esta vía (por arraigo social, 6.619; por arraigo de hijos de padres de origen español, 585; y por arraigo laboral, 223).
Por último, por reagrupación familiar se concedieron en 2006 algo más de 97.000 permisos de residencia.
El arraigo social se concede a extranjeros que puedan acreditar su permanencia en España durante un período de al menos tres años a través del empadronamiento, los vínculos familiares con otros extranjeros residentes o si reciben ayudas locales.
Además deben acreditar un contrato de trabajo de al menos un año.
El arraigo laboral requiere demostrar la existencia de relaciones laborales con duración de al menos año, por lo que el trabajador debe denunciar a su empleador por trabajo ilegal, además de haber vivido en España al menos dos años.
Según el ministerio de Trabajo, dos millones de inmigrantes –el 10% del total de trabajadores– aportaron en 2007 a la Seguridad Social española 9 mil millones de euros, con lo que se podrán pagar un millón del total de 8,3 millones de pensiones de jubilación, es decir, una quinta parte.
Y la Seguridad Social española está en medida de garantizar las pensiones hasta el año 2022.
Además de crear riqueza en España, los más de 4 millones de inmigrantes que viven en este país enviaron unos 8.300 millones de euros (12.284 millones de dólares) a sus países en 2007, frente a los 6.800 millones de 2006, según una estimación de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.
Pero también les afecta más el desempleo: mientras afectó al 8,6% de la población activa española en 2007 (8,3% en 2006), a la población inmigrante le golpeó en más del 12%.
El Estado gastará este año 309 millones de euros en la integración de inmigrantes.
En cuanto a la inmigración ilegal, España ostentó el año pasado el récord de llegadas por barco desde ífrica, aunque éstas se redujeron respecto a 2006.
Frente a las más de 31 mil en 2006, en 2007 llegaron 12 mil debido principalmente al refuerzo de la vigilancia en las costas africanas por parte del dispositivo Frontex de la Unión Europea (UE).