Es en el contexto de dinámicas sociales nuevas donde los sectores de la sociedad guatemalteca presentan una nueva visión de seguridad nacional, diferente a la expuesta durante el conflicto armado interno. El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, aprobado por la Junta de Gobierno en abril de 1982, concibió la seguridad nacional como » (…) el grado relativo de garantía que a través de acciones políticas, económicas, psicosociales y militares» puede desarrollar un Estado. Por esta razón, adquiere especial importancia destacar el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, firmado por los presidentes de la región en 1995 y el Nuevo Modelo de Seguridad Democrática en la Región. Su sustento se encuentra en el fortalecimiento del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la seguridad de las personas y sus bienes, el ambiente, así como erradicar la violencia, corrupción, impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas.
El problema en Guatemala s encuentra en que, por el conflicto armado interno, hubo una concepción minimalista de la seguridad nacional pues no se le vinculó con la democracia. Se impuso una razón de Estado para enfrentar a quienes habían optado por la vía violenta de la política. Faltó claridad para concebir a la seguridad nacional como «la condición imprescindible para el desarrollo integral del país basada en la preservación de la soberanía e independencia nacionales, manteniendo el orden constitucional, la protección del derecho de sus habitantes y la defensa del territorio»
En el contexto socioeconómico, político y cultural, Guatemala se encuentra inmersa en el tema de la migración y se le ubica como un país de destino donde, personas de nacionalidad centroamericana, entre otras, trabajan en áreas agrícolas de la frontera guatemalteca y en la ciudad.
Guatemala es país de tránsito de migrantes que proceden de El Salvador, Honduras, Nicaragua. Utilizan la forma migratoria CA-4 (lo cual permite estar documentados). De igual manera, se ubican a personas de nacionalidades sudamericanas y asiáticas, para citar con brevedad. Su objetivo es llegar desde Guatemala a territorio mexicano de manera indocumentada para arribar a Estados Unidos. Como país de origen puede afirmarse que, desde el surgimiento de la producción cafetalera en Chiapas, la movilización de fuerza de trabajo campesina guatemalteca, en forma preferente a la Región Soconusco, tiene especiales características. Su volumen se incrementó en 1993 hasta llegar a 87,087 hombres, mujeres y menores de edad documentados y un volumen no cuantificado en forma indocumentada. Esta cifra se refiere a la migración laboral en la producción de café, plátano, caña de azúcar y otros cultivos. Esta corriente migratoria regresa a Guatemala por diferentes motivos. Asimismo, en el caso específico de Tapachula y municipios del estado de Tabasco, fronterizo con Guatemala, se ubica la corriente migratoria de trabajadoras domésticas. Son menores de edad. Su residencia se encuentra en municipios de la frontera en especial de San Marcos. El número de ellas no se ha cuantificado son adolescentes sin documentos. Su presencia, como flujos migratorios de origen, no ha sido factor para señalar repercusiones en la seguridad guatemalteca. Los cuatro flujos migratorios no afectan la seguridad guatemalteca.
El desarrollo de una política de seguridad democrática en Guatemala, incluye el análisis de cuatro factores cuya acción afecta la seguridad nacional: el primero se refiere a la proliferación delictiva de maras, especialmente en la frontera Guatemala-México, la cual origina en amplios sectores de las poblaciones fronterizas una paulatina degradación en su calidad de vida al prevalecer la inseguridad. Hombres y mujeres inmersos en las maras y sus actividades en la delincuencia organizada, desbordan en ocasiones la acción de las autoridades al actuar las maras en ocasiones con mejor armamento, en el tráfico de drogas, mejorando sus formas de organización y eliminando cualquier valor de respecto hacia la vida humana. El gran problema de seguridad se presenta al afectar la integridad de ciudadanos y ciudadanos por medio del terror. Cuando esta situación no se resuelve por medio de la política, entonces la seguridad pública se convierte en problema de seguridad nacional y la democracia pierde credibilidad.
Un segundo aspecto se localiza con la trata de seres humanos. Es un negocio internacional, lucrativo. En breve tiempo superará el comercio internacional ilícito de las drogas y armas. La ONU ha considerado con especial interés el problema de la trata de personas: en noviembre de 2002, la asamblea general aprobó el Protocolo para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. Este es el marco normativo general de carácter internacional (también conocido como Protocolo de Palermo) para combatir este delito.
El tercer elemento vinculado a la seguridad nacional y las migraciones se encuentra en el narcotráfico. Un problema de seguridad pública que se ha transformado en Guatemala en un asunto de seguridad nacional con organizaciones delictivas que conspiran para afectar el estado de derecho y agredir a la sociedad guatemalteca. Es un problema de seguridad nacional porque la acción del narcotráfico se apoya en el miedo, terror y corrupción. Para su combate es necesario reforzar los servicios guatemaltecos de inteligencia y analizar los movimientos del narcotráfico en la frontera Guatemala-México para evitar el traslado de drogas. También debe destacarse que Guatemala tiene especial importancia en el tráfico de drogas porque en Estados Unidos no disminuye su consumo.
El cuarto punto se refiere a tomar medidas de prevención contra el terrorismo. Aunque no existen pruebas o denuncias de la actividad terrorista en las fronteras guatemaltecas, es necesario incluir en el tema de seguridad democrática lo relativo a este tema por sus repercusiones internacionales, en especial después del 11 de septiembre en Estados Unidos. Las fronteras de Guatemala no deben ser punto de entrada para ninguna organización terrorista.
Considerando lo anteriormente expuesto, es necesario continuar con el desarrollo del Grupo del Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (Gansef) integrado por Guatemala y México, el cual fue reactivado en 2004 con el propósito de evitar que individuos «pretendan realizar atentados terroristas contra terceros países» y ambas naciones continuarán intercambiando información de inteligencia y realizar operativos en cada territorio para combatir a la delincuencia.
Cualquier plan de seguridad nacional no puede desarrollarse sin la participación de ciudadanos y ciudadanas, quienes deben tener una percepción real de su significado por las amenazas a su integridad y al Estado donde viven.