El presidente de la Comisión al Migrante del Congreso, Paul Briere Samayoa, se refirió a las recientes declaraciones de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana y la vicepresidenta Roxana Baldetti, al indicar que estarán abriendo una investigación en contra de los padres de los menores que hayan viajado sin acompañamiento a los Estados Unidos.

Briere Samayoa dijo no estar de acuerdo con las declaraciones emitidas por ambas funcionarias porque la situación de la niñez migrante es un tema que el Estado debe enfrentar y por tanto se debe tomar en consideración que muchos padres de familia envían a sus hijos con el fin de tener un mejor futuro por las condiciones que atraviesa el país. 

“No se puede judicializar a los padres cuando muchas veces la única opción ha sido migrar y el bien superior de los niños es estar con sus padres, salvo que el infante haya salido por una violación o –un caso de– violencia intrafamiliar habría que estudiar los casos y si hay indicios ese padre o madre deben ser juzgados por los crímenes no importando si es migrante o no”, puntualizó.

Es preciso resaltar que en los primeros artículos de la Carta Magna se establece que dentro de los deberes del Estado está el garantizar a los habitantes de la República la vida, libertad, justicia, paz y desarrollo integral de las personas.

VUELVEN A LO MISMO

El parlamentario fue consultado sobre el vuelo que arribó ayer en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) alrededor del mediodía donde retornaron un núcleo de cinco familias, quienes fueron enviadas al país luego de ser deportadas por Estados Unidos por haber ingresado ilegalmente, indicando que el tema de migración se debe abordar con profundidad, ya que muchos seguirán en la misma situación.

“Muchos de los niños –que regresan deportados– no tuvieron acceso a la educación, a servicios y posiblemente cuando regresen volverán a lo mismo, por eso iniciamos a trabajar con el Ministerio de Educación y las demás autoridades para buscar soluciones”, indicó.

La mesa permanente sobre la discusión en temas de migración y derechos humanos para los migrantes está conformada por autoridades del Estado, sociedad civil, extranjera, sector privado e iglesias para trabajar con el objeto de establecer una política pública para el tema migratorio.