Fuentes oficiales estiman que un migrante guatemalteco debe pagar entre Q40 mil y Q60 mil para ingresar ilegalmente a Estados Unidos y las fuentes extraoficiales dicen que pueden ser hasta Q84 mil, aun expuesto a la violencia en las fronteras y a los vejámenes que puede sufrir en el trayecto.

En esta travesía existen tres actores importantes: los migrantes, sus familias y los grupos de traficantes, quienes obtienen cuantiosas sumas de dinero.

Miles de guatemaltecos intentan llegar a Estados Unidos todos los días con la intención de encontrar las oportunidades que su país les niega, pero su objetivo les obliga a despojarse de su identidad, su familia y su propia historia.

Las familias también sufren la partida de sus integrantes a Estados Unidos, no solo por el temor de no volver a verlos, sino porque además esto implica la separación del núcleo fundamental de la sociedad.

También existen otros actores, como los traficantes de personas, conocidos en Guatemala como “coyotes”, quienes conforman estructuras transnacionales que llegan a cobrar hasta Q60 mil a un migrante para trasladarlo a Estados Unidos y en reiterados casos se conoce de abusos de parte de estos grupos.

De acuerdo con la Dirección General de Migración, hasta el 19 de junio de este año, 26 mil 890 guatemaltecos fueron deportados de Estados Unidos, entre ellos 23 mil 504 hombres, 3 mil 318 mujeres, 58 niños y 10 niñas.

Además, por la vía terrestre desde México, se reportan 14 mil 660 personas deportadas, informó Fernando Lucero, portavoz de la institución.

LUCÍA Y JOSEFINA

Lucía y Josefina son mujeres guatemaltecas que representan los dos rostros de la migración: quien se va y quien se queda.  La primera tenía 15 años cuando migró a Estados Unidos y vivió los riesgos y vejámenes que representa ese viaje, mientras que la otra, se quedó para enfrentar las secuelas de la migración de su esposo, quien fue deportado en la redada de Postville, Iowa.

El relato de Lucía se plasmó en la publicación “La Carta de Lucía” y fue difundido gracias  a The GRACE Project (www.thegraceproject.org), en el que la menor cuenta a su madre los riesgos que implica el viaje como indocumentada hacia el Norte. Estos son algunos de los extractos del documento.

“Me despedí de ella –de su progenitora– como si fuera un viaje cerca.  Mientras nos decíamos adiós yo pensaba por qué tenía que irme lejos, de la casita de mi niñez, de mi familia”, refiere.

Lucía explica en el escrito, el recorrido y las instrucciones que debía seguir de su “guía” y del temor que sentía.

“Pasaron días cuando el coyote nos dijo que teníamos que atender a los hombres, servirles la comida.  En el monte empezamos a dormir debajo de los puentes.  Luego llegamos en un pueblo en México y nos dijeron que allí íbamos a dormir.  Nos dijeron que las mujeres iban a dormir todas en un cuarto, pero esa noche yo no podía dormir porque estaba triste.  Un hombre entró y llamó a mi compañera y le dijo que no hiciera ruido y que saliera despacio, ella se fue con él y ya nunca volvió con nosotras”, dice la niña.

De acuerdo con la carta de Lucía, recorrieron el camino vía terrestre, sin comida y sin agua, y luego abordaron un vehículo pesado.

“Continuamos camino en el tren y en bus, ya sin comida y sin agua.  Luego nos fuimos en un camión grande, todos como si fuéramos animales, con mucho calor, hasta llegar bien lejos, después nos metieron en una casa sin luz”.

Según la descripción, la jovencita fue abusada sexualmente por el traficante que se la llevó y por otros hombres.

“Aquella noche llegó el coyote y me dijo que no hiciera ruido y que ya no me llevaría con el grupo. Me dijo que lo tenía que complacer y que si me negaba, me dejaba perdida y sin dinero o me entregaba a la migra.  Así me violó”, explica.

La menor dice: “Luego nos fuimos al desierto a caminar, allí nos dejaron con otro coyote y nos advirtieron que teníamos que obedecer las órdenes del otro, entonces nos pidieron más dinero pero yo no tenía.  Ellos nos obligaron a tener sexo con ellos, me sentí tan destrozada y perdida”.

De acuerdo con la adolescente, finalmente llegó a Estados Unidos, pero fue obligada a pagar el dinero al traficante, quien la retuvo en una residencia, a pesar de que su madre ya había pagado por ese viaje.

“A mí me dejó en su casa y me dijo que buscara trabajo para que pagara lo que debía y si no me iba a vender a unos hombres que conocía, que querían una mujer.  Todo esto, mami, cuando usted les dio todo lo que tenía”, puntualiza.

La experiencia de Lucía se entrelaza con la de Josefina Coyote, representante de la asociación Familiares de Deportados y Migrantes Trabajando Juntos, quien sigue enfrentando las secuelas de la deportación de su esposo en 2008, pues al no lograr pagar un préstamo estuvieron a punto de ser despojados de su vivienda, y como ella hay muchas familias en situaciones similares.

“En Patzún, hay varias personas que han sido afectadas por el mismo motivo –deportaciones de sus esposos y despojos de viviendas–. Ha quedado una deuda muy grande”, refiere Coyote.

De acuerdo con Alejandra Gordillo del Consejo Nacional de Migraciones (Conamigua), en Chimaltenango esta historia se repite y afecta a las familias de los migrantes y deportados.

“En Patzún han quitado hasta 200 casas, ahorita el prestamista que ha sido publicado en medios de comunicación está accediendo a regresar los bienes, pero pide que se le devuelva el dinero prestado con intereses”, indicó.

TRÁFICO Y TRAFICANTES

El tráfico ilegal de personas, es el transporte y la facilitación de la entrada ilegal de una persona dentro de un estado del cual no sea nacional o residente permanente.  Esta labor se realiza siempre con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o de orden material.  El traficante, a diferencia de un tratante, pierde el control sobre la persona después de llegar al destino final o cuando recibe su pago.

Según fuentes oficiales, el tráfico de personas genera cuantiosas sumas de dinero, el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig) coinciden en que estos grupos cobran entre Q40 mil a Q60 a las personas que pretenden viajar a Estados Unidos.

Alexander Colop, fiscal contra la Trata de Personas del MP, quien el 11 de junio dirigió un operativo en Huehuetenango, donde fueron capturadas tres personas por tráfico, entre estos un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó los montos de dinero que este grupo cobraba a los migrantes.

“En dólares mencionaron como 10 mil o 12 mil dólares, convertidos en quetzales como Q40 mil a Q60 mil, a guatemaltecos y a extranjeros –por ejemplo de Macedonia– cobraban un poco más, dependiendo de la distancia”, explicó el fiscal.

Según el entrevistado, estas bandas utilizan testaferros que no permiten obtener un perfil económico exacto de este lucro, pero se sabe que un buen porcentaje se invierte en sobornos.

“Esos Q45 o Q60 mil van para sobornar de alguna manera, para asegurar a la persona hasta que llega a Estados Unidos”, dice Colop. 

Por otro lado, el viceministro de Seguridad, Edi Juárez, explicó que los traficantes mantienen “la tarifa” por dos intentos de ingreso a Estados Unidos a guatemaltecos, aunque también hay extranjeros a quienes les cobran otras cuotas.

“Hay bandas de Q40 mil a Q60 mil a guatemaltecos, normalmente va el paquete de dos intentos, es decir, si los descubren en ruta y los regresan, vuelven otra vez con la misma cantidad para ingresarlos; en el tema de los sudamericanos y otros continentes la cantidad es otra”.

Según el funcionario, en el caso del policía capturado recientemente, prácticamente fungía como informante y tenía conocimiento de donde se alojaban los migrantes.

Juárez explicó que actualmente existen alrededor de cinco o seis estructuras de tráfico de personas de guatemaltecos y extranjeros y que las investigaciones están en proceso de judicialización.

En tanto, Lucía González, de Menamig, por otro lado, dice que las mujeres y los niños son a quienes más dinero les exigen, porque su constitución física les impide caminar rápido o enfrentarse a situaciones donde son más vulnerables.

OPORTUNIDADES

Juan Luis Carbajal, de la Pastoral de Movilidad Humana, instó al Estado a generar oportunidades para los guatemaltecos y evitar la migración de su población, principalmente joven.

“Es importante que el Estado vea y escuche la situación en que viven las personas en algunos caseríos, sobre todo las personas indígenas, es necesario que escuche a los jóvenes que dicen que no les alcanza su salario, que no tienen trabajo, que tienen que estar trabajando jornadas largas en el campo, cortando caña en Escuintla, trabajando en las bananeras para un salario mínimo que no alcanza a satisfacer las necesidades básicas de ellos y sus familias, son cientos de jóvenes los que se contratan para ir a trabajar al otro lado de la frontera de México”, lamenta el sacerdote.

Según el entrevistado, usualmente se habla de un desarrollo que no existe y esto se evidencia con las carencias de los ciudadanos.

“Se habla de desarrollo y pareciera que entonces son los grandes centros comerciales, las plazas lujosas, las grandes industrias en Guatemala, esto parece para algunos desarrollo, pero no se puede medir de esa manera si las familias no tienen lo necesario para comer, vestir, vivir y educarse”, refiere.

El representante de la Iglesia Católica lamentó el uso que el crimen organizado hace de los migrantes y de los miles de desaparecidos que pueden estar en una narcofosa, o en un cementerio sin identificación, así también se refirió a las estafas de algunos traficantes y de la presión que prestamistas hacen de las personas vulnerables.