En 2011, Mi Familia Progresa solamente pudo hacer efectivos dos pagos, de los seis que debe hacer por año, a las familias beneficiarias, el problema, según Neftalí­ Hernández, fue el bajo presupuesto con que se contó.

Hernández, director del programa social de transferencias monetarias condicionadas, lamentó, durante la rendición de cuentas del mismo, que durante el año que recién finalizó solamente se dio en promedio 2.5 pagos a las 871 mil 500 familias beneficiadas, por lo que no se concluyó como se hizo en años anteriores.

Según el consultado, el poco presupuesto con el que se contó, que es de Q2 mil 46 millones, no fue suficiente para cubrir los seis pagos que deben realizarse y tampoco para pagar algunos gastos de funcionamiento, alquileres y a proveedores, generando así­ â€œserios problemas administrativos”.

El director de MiFaPro dijo que es necesario que el presupuesto de este programa se incremente a unos Q2 mil 400 millones, pues solamente en un pago a las familias se invierten unos  Q400 millones.

Además, el encargado de este programa dijo que es necesario que ingresen al beneficio otras 50 mil familias, las cuales no fueron censadas debido a que se encontraban en temporada de corte de café o por otra circunstancia.

También se detalló que se han retirado de MiFaPro a por lo menos 120 mil familias, la mayorí­a de las cuales ya no tienen hijos menores de 15 años.

A manera de logro, Hernández destacó que las familias, a pesar de no haber recibido su pago, continúan enviando a sus hijos a las escuelas y los centros de salud. Además estimó que el principal reto del próximo gobierno es la institucionalización del programa.

En total, durante los cuatro años de funcionamiento, Mi Familia Progresa erogó Q2 mil 915 millones en pagos a los beneficiarios, en 2011, este monto fue de Q893 millones del total de presupuesto asignado.

COINCIDENCIAS EXTRAí‘AS
Por su parte, Rosa Marí­a de Frade, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República, indicó que el problema acontecido en ese programa y que generó que no se hicieran todos los pagos a los beneficiarios, no es presupuesto con que cuenta, pues este es el mismo con el que se trabajó en los cuatro años.

Según De Frade, el problema radica en que el financiamiento estaba previsto para atender a 238 mil familias, pero por la motivación electoral se enroló a cerca de 900 mil, violando así­ la ley general y la ley orgánica del presupuesto. 

“Fue por una situación electoral y por eso fracasó, trataron de engañar a las familia, dándoles  una o dos transferencias para que pensaran que votando por Sandra Torres seguirí­an con el beneficio”, indica De Frade.

Por ello, esta falta de pago se califica por la parlamentaria como una “manipulación polí­tica” y la violación de leyes ha provocado que ya se haya puesto una demanda penal por este tema en el Ministerio Público. Ya se han presentado las pruebas y documentaciones, dijo la consultada.