El programa Mi Familia Progresa (Mifapro) tiene presencia mayoritaria en los municipios en los que se encuentran instalados gobiernos locales de la Unidad Nacional de la Esperanza y de partidos polí­ticos que fueron aliados al oficial en el inicio de la ejecución del proyecto.

En 123 de las 177* localidades en las que funciona el programa de transferencias condicionadas se encuentran gobiernos municipales de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) o bien, del Partido Unionista (PU), el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y la Gran Alianza Nacional (GANA), que al inicio de la implementación de Mifapro eran aliados o afines del oficialismo.

La conclusión de que «Mifapro se concentra en el territorio de la UNE y sus aliados», se constató al efectuar una comparación del listado oficial de los municipios en los que está instalado ese programa del Consejo de Cohesión Social y la distribución de los gobiernos provinciales por partido polí­tico, del Instituto de Fomento Municipal.

De esa cuenta, el análisis realizado por Diario La Hora concluyó que el 69 por ciento de la ayuda está dirigida a las poblaciones que demostraron una inclinación favorable al proyecto polí­tico local de la UNE, o de los que fueron aliados durante el perí­odo de establecimiento del programa, aunque actualmente se hayan alejado de su compromiso inicial.

A criterio de analistas y expertos, esto refleja un plan polí­tico de cara a los próximos comicios de 2011, en los que se elegirá a diputados, alcaldes y Presidente en todo el paí­s. Algunos polí­ticos señalan que la investigación es una evidencia que Mifapro se implementó con fines electorales, y no para el desarrollo social de la población pobre, como se supone que debí­a ser programado.

La alianza de la UNE, FRG y GANA en un momento llegó a proponer a la esposa del Presidente, Sandra Torres, como candidata presidencial durante una reunión polí­tica celebrada tan sólo meses atrás en el departamento occidental de Quiché, lo que en parte, puede explicar la distribución territorial y polí­tica de la ayuda social.

TODOS AFILIADOS

La diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala, quien tuvo que llegar hasta las últimas instancias legales para que le permitieran tener acceso a algunos datos de los programas de Cohesión Social, para poder fiscalizar su implementación, en declaraciones a Diario La Hora dijo que ha tenido similares conclusiones a las de su investigación.

«Después de haber recibido la documentación de Mi Familia Progresa hicimos un primer análisis de la información y detectamos que todas las personas que están inscritas en el programa como beneficiarias, también se encuentran afiliadas. Es una coincidencia que genera suspicacias», indicó Montenegro

Según la parlamentaria, los beneficiados están afiliados porque se les obliga a hacerlo e incluso, en algunas ocasiones, se amenaza a los receptores de las transferencias condicionadas con retirarles la ayuda de no prepararse para votar.

«La mayor preocupación es que por su pobreza, los beneficiarios y su voto sean utilizados en la próxima campaña», afirmó.

«Lo que se busca es condicionar las transferencias para que los receptores de la ayuda sean aliados del partido y voten por ellos; de esa manera, pervierten el apoyo que la población tiene que recibir porque son fondos públicos», lamentó Montenegro.

COINCIDENCIA Manfredo Marroquí­n de Acción Ciudadana, quien hace algunos dí­as la Corte de Constitucionalidad determinó que podí­a fiscalizar Mifapro, junto con la Procuradurí­a de los Derechos Humanos y la diputada Rosa Marí­a de Frade, dijo que esperan recibir la información para continuar con el trabajo de ejecución del proyecto de transferencias monetarias.

En cuanto a la información concluida por Diario La Hora, señaló que «efectivamente, sí­ hay esa coincidencia que de alguna manera afecta la legitimidad del programa».

Al cuestionarle sobre cómo deberí­a programarse la distribución de la ayuda, el experto en transparencia indicó que «lo ideal es que estos programas se ejecuten en los municipios, de acuerdo con los calificadores de pobreza».

Según Marroquí­n, «habrí­a que ver si los municipios que son más pobres están gobernados por la UNE» y puede que haya coincidencia, pero de lo contrario se estarí­a tratando de un plan con trasfondo electoral y polí­tico.

«La salida para terminar con este tipo de prácticas es institucionalizar los programas, es decir, que estén a cargo de una Secretarí­a que rinda cuentas y sea objeto de fiscalización de todas las entidades que corresponden», recomendó el representante de Acción Ciudadana, ya que «sólo así­ se puede desmantelar este tipo de problemas».

«Este viernes hicimos la solicitud al Ministerio (de Educación) que nos negó la información; ahora la volvimos a pedir porque estamos amparados por la Corte de Constitucionalidad», relató Marroquí­n, quien dijo que de no ser proporcionada la información para su fiscalización, podrí­a accionar legalmente contra las autoridades que actúan fuera del marco de la ley.

Según el entrevistado de Acción Ciudadana, «el programa que cumple con más criterios técnicos es el de Mifapro» porque utiliza fondos de préstamos internacionales y tiene que cumplir con requisitos técnicos que le son exigidos, pero aún hay que analizar su trasfondo.

«El resto de programas de Cohesión Social caben en esta tipologí­a de práctica de politización y la investigación que se ha hecho lo demuestra» puntualizó.

DESARROLLO ECONí“MICO

El analista de desarrollo económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Hugo Maúl, afirmó que en términos generales surgen varias dudas, en torno al manejo de los recursos por el Consejo de Cohesión Social. «Primero, la politización», señaló.

«Los fines polí­ticos generan dudas razonables, ya que en otros paí­ses estos programas son manejados con una estructura técnica», es decir, que están a cargo de personas técnicas que no tienen un interés polí­tico directo y por lo tanto, sus decisiones no tienen fines electorales.

«La segunda duda surge cuando se lanza un programa de estos, sin que haya existido un diseño anticipado, adecuadamente evaluado, sino simplemente se empieza porque se empieza», lamentó el experto.

«Es una actitud que se puede entender, pero no se puede justificar cuando son fondos públicos», enfatizó Maúl, que como punto número tres expone que la resistencia a la fiscalización también genera serias dudas del por qué no entregan la información, hasta después de la presión pública o de acciones penales.

Con la información presentada por Diario La Hora «parece que se cierra el cí­rculo a que todo apunta a que es un estrategia polí­tica», expuso Maúl, porque estos programas carecen de estructura y «muchas de las estrategias que se utilizan para la entrega de las remesas condicionadas, no son las mejores».

Esto, «porque en muchos de esos lugares donde se entrega, muchos ya iban a la escuela», entonces «se ha violado el principio de la focalización en la lucha con los niveles de pobreza».

Además afirma Maúl que hay que sumarle los problemas del Registro Nacional de Personas y la información que han levantado de más de 500 mil familias, con estudios que van más allá de lo socioeconómico, y que podrí­an alcanzar proyecciones como la intención de voto.

Con estas conclusiones «se podrí­a decir que hay una gran estrategia con tintes electorales», señaló Maúl, quien dijo que aunque no hay manera de probar fehacientemente estas hipótesis, «hay muchos indicios de las deficiencias y los fines que presentan los programas sociales. «Hay que hacer un estudio que establezca un antes y después, para que efectivamente se pueda tener claro el impacto de la ayuda; no se trata solamente de que la gente vaya a la escuela y al centro de salud, sino lo importante es qué tipos y calidad de servicios encuentra», explicó el economista.

«Porque por ejemplo, si los niños van a la escuela pero el maestro no llega porque está en huelga y no hay un adecuado seguimiento a la polí­tica social, por más que les den dinero a las familias pobres es complicado que vayan a recibir los servicios básicos», argumentó el experto del CIEN quien afirma que «en este gobierno, efectivamente, hay una carencia de planes a largo plazo».

El experto del CIEN, concluye que «esta situación se puede ver en la transferencia de recursos de un Ministerio a otro, en los constantes cambios de ministros y la falta de asignación de recursos en temas importantes como seguridad», por lo tanto «no solamente es darle dinero a la gente sino más bien, tener las polí­ticas adecuadas para el desarrollo».

Por su parte, í‰dgar Rosales, portavoz del Consejo de Cohesión Social, no respondió las llamadas a su celular cuando se intentó conocer la postura oficial.

*Después de la investigación se amplió el número de municipios beneficiados con Mifapro a 187.