Con la Resolución 36-2010, publicada hoy en el Diario Oficial, el Ministerio de Educación clasifica como información reservada los números de cédula de vecindad o de Documento Personal de Identificación de los beneficiados con Mi Familia Progresa. Según ílvaro Colom, se trata de un error.
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Dicha resolución anuncia que la información «se reserva en su totalidad por un plazo de siete años» a partir de la fecha de la resolución, siendo ésta el 26 de enero de este año. Además se indica que el responsable de guardar los datos es el Director Ejecutivo del programa.
Se resuelve de esta manera, ya que se considera que «el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la información, es mayor que el interés público de conocer la información de referencia».
Al respecto, el presidente ílvaro Colom informó que esta publicación no contradice a la resolución de la Corte Suprema de Justicia en la que se obliga al Mineduc a proporcionar los datos a la Contraloría General de Cuentas.
Es una equivocación
Según indicó el mandatario, esta confusión se debe a un error de procedimiento cometido por los abogados de la cartera de Educación, sin embargo, aseguró que ya se han realizado las consultas respectivas para aclarar la situación de la información.
«Entiendo que no contradice, hicimos algunas consultas y entiendo que no, creo que hubieron algunos errores de procedimiento», aseguró el mandatario.
Sobre estos «errores», el gobernante aseguró que aún no conoce los detalles, pero «sé que hubo algunos errores en los planteamientos que hizo el Mineduc a una de las dos cortes, (de Constitucionalidad o Suprema de Justicia), más que errores, omisiones de algo», dijo.
Mientras tanto, el Contralor General de la Nación, Carlos Mencos, informó que según la Corte de Constitucionalidad, la información debe ser únicamente para fiscalización y que «los datos proporcionados bajo confidencialidad deben mantenerse en tal nivel de confidencialidad».
Las entidades que manejan fondos públicos tienen hasta el viernes de la otra semana para presentar ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH), su informe anual sobre el cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información.
Hasta el 15 de enero de este año, la PDH únicamente ha recibido 163 informes de las entidades requeridas, entre las que se encuentran 12 carteras.