En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, las estadísticas recuerdan que la lucha contra este conflicto todavía hoy constituye un enorme desafío. Los datos oficiales revelan que en el país laboran 850 mil 937 menores de edad. En días recientes Diario La Hora presentó un reportaje de la deserción escolar que la mayoría hace para trabajar.

Falta de preparación incide en mano de obra barata, que a su vez afecta el desarrollo intelectual

Falta de oportunidades e ingresos suficientes de la población obliga a los menores a ocuparse en lugar de estudiar

Ana* tiene 7 años y desde hace dos trabaja. Su madre, una empleada doméstica no podía pagar su educación, ni siquiera los gastos de la canasta básica familiar, por lo que la llevó a una casa particular, donde desde las seis de la mañana se dedica a los quehaceres domésticos.

Además de asear, lavar, barrer, trapear y cocinar, la niña cuida a un pequeño de 4 años. Ana conoce las muñecas, pero no son suyas, y su mismo cuerpo frágil sostiene a uno igual, de quien ya es responsable a su corta edad.

En el mundo esta historia se repite al menos 15.5 millones de veces. Según datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), esa cantidad de niños y niñas se encuentran involucrados en el trabajo doméstico remunerado en el hogar de un tercer empleador.

El 72 por ciento son niñas, de las cuales un 52 por ciento se encuentra en condiciones de trabajo infantil doméstico peligroso.

En Guatemala, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2011, existen 850 mil 937 niños trabajadores de entre 7 y 17 años. Para 2006, la misma entidad estimaba que existían 966 mil 361 menores del mismo rango de edad en esas condiciones.

Sin embargo, la ligera disminución no afectó sobre el porcentaje que representan los menores que trabajan en el país, el cual se quedó estacado en un 25%.

ADIÓS INFANCIA

Información del Proyecto Primero Aprendo en Centroamérica CARE Internacional refiere que por trabajo infantil se entiende todo trabajo que priva a las niñas, niños y adolescentes de su infancia y dignidad, que es nocivo para su desarrollo físico y mental, e interfiere en su escolarización, privándole de la oportunidad de ir a la escuela u obligándole a abandonar las aulas.

“Por trabajo infantil en las peores formas entendemos el trabajo peligroso, que pone en riesgo el bienestar físico, mental y moral de las niñas y niños. Cuando nos referimos a ´indiscutibles peores formas de trabajo infantil´, entendemos las actividades conocidas como delitos que cometen, quienes usan, reclutan y mantienen a cualquier persona menor de 18 años”, advierte la entidad.

Dichos delitos son esclavitud, tráfico de estupefacientes, uso de la niñez en conflictos armados, explotación sexual comercial, pornografía y trata, y se consideran incuestionables formas de trabajo infantil, según el Convenio 187 de la OIT.

Alejandro Zepeda, Coordinador Regional de CARE, señaló que el trabajo infantil incide en la vida de la niñez guatemalteca, principalmente en la educación, la vida productiva, el bienestar y el desarrollo.

“El trabajo infantil interfiere directamente en la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes. Se estima que de cada cien niños trabajadores, solo la mitad logra asistir a la escuela. Pero su asistencia no necesariamente garantiza su permanencia en la escuela o su promoción al grado superior siguiente”, explicó Zepeda. (Ver recuadro: Educación)

Además, señaló que la niñez se ve afectada en su vida productiva y bienestar, porque para manejar un machete, cortar caña, recoger café, vender en las calle o hacer trabajo doméstico no hace falta saber leer ni escribir.

EL INTERÉS Y LAS CONDICIONES

“El efecto de los pocos años de escolaridad determinan en gran medida que las niñas y niños carezcan de cualificación para desempeñarse adecuadamente en labores productivas que les permitan acceder a empleos dignos, y en consecuencia les generen ingresos suficientes para su vida adulta y familiar”, acotó Zepeda, y agregó que pese a eso se estima que la niñez trabajadora aporta un 20 por ciento del PIB nacional.  

Según el entrevistado, “este es uno de los factores que determinan el abaratamiento de la mano de obra y los bajos salarios en  Guatemala. La gran mayoría de campesinos guatemaltecos, especialmente los pequeños propietarios o los que no tienen tierras, se vuelven en carnada fácil de las fincas que requieren mano de obra barata”.

Por otro lado, señaló que la naturaleza y las condiciones de trabajo exponen la salud de los infantes, especialmente en sus peores formas, ya que miles de niñas y niños todos los años sufren accidentes laborales o llegan a perder la vida, y la mayoría de los accidentes laborales infantiles no son reportados como tales.

“En las actividades agropecuarias se exponen al calor, al frío, a la lluvia, a la radiación solar. También se ven expuestos al manejar sustancias tóxicas -agroquímicos- sin ninguna protección, herramientas punzocortantes, y a trabajar por jornadas largas y extenuantes, ser atacados por animales, exponerse en lugares en riesgo”, dijo.

El caso de las niñas trabajadoras domésticas suelen ser casos extremos de explotación laboral; esto se da especialmente cuando trabajan en casas de terceros, en dónde además de las largas jornadas que suelen ser de más de 12 horas diarias, sufren desarraigo familiar, comunitario y cultural.

“Miles de casos sufrirán de discriminación racial, malos tratos y abusos sexuales, sicológicos. Otros se exponen a riesgos mayores, como los niños que trabajan en la construcción -caídas, golpes, quebraduras, choques eléctricos-, o niños que trabajan en coheterías, para poner los que más suelen conocerse en los medios de comunicación”, concluyó Zepeda.

FRAGILIDAD

La estatura de la niña se pierde entre la marea de gente sobre la Sexta Avenida de la zona 1, donde trabaja arduamente como muchos adultos. Una tira de boletos de lotería cuelga de su mano; se acerca a cada persona que encuentra a su paso y no deja de insistir en que el potencial cliente puede ganar miles de quetzales si le compra un décimo de billete.

Juana, de 8 años, de aspecto delgado y despistado, se separa de su mamá frente a la Plaza El Amate. Cinco horas después la verá, cuando termine su jornada laboral.

El dinero no alcanzaba en su casa, así que madre e hija viajaron desde Quiché hasta la Capital para buscar un medio de subsistencia. Desde hace cinco meses que no ve a sus hermanos.

La niña dice que no le tiene miedo a la calle, no le tiene miedo a la gente, pero sí le preocupa vender lo necesario para sobrevivir. Cuando se le pregunta por la escuela dice que “se quedó allá”.

Cuando se le pregunta por qué vino a la ciudad su rostro cambia y baja la cabeza. No dice nada más.

Una mujer se acerca, le dirige una mirada, y Ana se marcha. No dice adiós. Con una voz tímida sus palabras son: “suerte con su boleto” y desaparece con dirección al Parque Central.

UN DELITO

El artículo 156 Bis, adicionado al Código Penal, refiere que constituye como delito el empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad.

Estadísticas de Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj) indican que por este delito a los juzgados del Ramo Penal de todo el país han ingresado 31 procesos.

El informe revela que en nueve de estos casos los Tribunales ya emitieron sentencia; seis de carácter condenatorio y tres absoluciones.

Los casos fueron reportados desde 2011 al primer trimestre de 2013. La mayor cantidad se registran en los departamentos de Guatemala, Chiquimula y Suchitepéquez.

Por otro lado, el Ministerio Público investiga únicamente 30 casos.

La sanción contra las personas encontradas culpables por estos hechos es de dos a cuatro años de prisión y el pago de una multa de veinte mil a cien mil quetzales.

Javier Monterroso, asesor de la Fiscal General señaló que el trabajo infantil no es un delito per se. «Hay tipos de trabajo y actividades a las que someten los menores de edad que si pueden ser constitutivos de delito», indicó.

El entrevistado manifestó que el trabajo infantil está permitido y lo que se sanciona es el abuso a los menores, someterlos a condiciones infrahumanas.

«En este caso la Procuraduría de Derechos de la Niñez, la PGN y el Ministerio Trabajo son las encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, si ellos nos presentan las denuncias, nosotros investigamos los casos», anotó.

No obstante, señaló que el MP si puede actuar de oficio con conocimiento del caso.

CONTRASTE

Pese a que según las estadísticas, la cifra de niños que trabajan toca casi el millón, los procesos judiciales por esa actividad son equivalentes a un 0.003 por ciento del total de los afectados.

Leonel Dubón, director de la entidad Refugio de la Niñez, señaló que los procesos no se han logrado judicializar por que el Ministerio Público (MP) aún no consigue investigar a profundidad está problemática.

A su criterio, esto se debe a dos razones. La primera que plantea es que paralelamente a las investigaciones se debe buscar cómo disminuir las cifras del trabajo infantil; deben encontrarse alternativas para que las familias encuentren un sustento diferente.

“Hay áreas como San Juan Sacatepéquez y San Raymundo donde hay mucha explotación y trabajos peligrosos para los niños, pero si les quitamos lo que están haciendo, reconociendo que es peligroso para ellos, podrían morir de desnutrición y otro tipo de carencias”, consideró.

En ese sentido agregó que esto deriva en que no hay otro tipo de oportunidades de desarrollo, en otras áreas.

Recientemente Constance Thomas, directora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT (IPEC), dijo que las medidas de protección social pueden constituir una parte importante de la respuesta política general al trabajo infantil, junto a la educación, empleos para los adultos y respeto de la ley.

“Estas medidas pueden, además, contribuir a inclinar la balanza a favor de los niños cuando los hogares deben decidir si enviarlos a la escuela o a trabajar. Para ser más eficaces, cuando se elaboran los programas de protección social, los responsables políticos deberían considerar la manera de maximizar el impacto positivo en los niños”, subrayó.

LAS PEORES FORMAS

En 2006 fue publicado el documento “Reflexiones sobre la aplicación de los convenios de la OIT sobre trabajo infantil y sus peores formas en América Central y República Dominicana”.

En el informe se detallan dos casos que fueron objeto de proceso penal en el país, por trabajo infantil. En el primero, el expediente 1589-2003, del juzgado Primero de Instancia de Niñez y Adolescencia, 1 de septiembre de 2004, se solicitaron medidas de protección a favor de un niño a quien su padre obligaba a pedir limosna y vender en la calle.

Mientras que en el segundo caso, el Poder Judicial emitió un amparo contra la resolución que declara medidas de protección a favor de un niño, presentado por su madre, por cuanto se decidió retirarle la patria potestad, al tenerlo en situación de abandono.

El mismo informe de la OIT critica que si bien estos ejemplos de casos relacionados con “las peores formas de trabajo infantil”, son conocidos por los tribunales de justicia, no son representativos de lo que sucede en la realidad.

Según el estudio de María Eugenia Villareal, “Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes” la mayor parte de los delitos relacionados con las peores formas de trabajo infantil (PFTI), particularmente con explotación sexual comercial, no llegan a ser conocidos ni procesados por los tribunales, “por las deficiencias de la legislación penal, la falta de una tipificación clara de los delitos relacionados con este tipo de explotación y las bajas penas que se contemplan actualmente”.

Además, se detalla que “las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de este tipo de delitos y sus familiares, muy pocas veces interponen denuncias y prevalece el miedo a enfrentarse a un sistema jurídico-institucional que culpabiliza a las víctimas, las revictimiza y las somete a largos y complejos procesos”.

*Nombre ficticio