Los hondureños intentaban retomar hoy sus actividades cotidianas, tras el levantamiento del toque de queda que regía desde el lunes, cuando Zelaya sorpresivamente retornó al país y se refugió en la legación de Brasil, exigiendo ser restituido en el poder.
La comunidad internacional hará un nuevo esfuerzo de mediación en Honduras, enviando una misión de la OEA y regresando a los embajadores retirados, luego de que Zelaya dijera querer dialogar «en forma personal» con el presidente de facto Roberto Micheletti.
Se espera que una delegación de cancilleres y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, lleguen a Honduras este fin de semana para explorar las posibilidades de una solución negociada al conflicto.
Además, regresarán a Honduras los embajadores retirados tras el golpe de Estado del 28 de junio, anunció Insulza.
El gobierno de facto llamó a la población para que retornara este jueves a sus lugares de trabajo y de estudio luego de que terminara el toque de queda a las 06H00 locales (12H00 GMT), y dijo que la Policía y el Ejército garantizarían la seguridad en las calles.
En la capital, los automóviles volvieron a circular, se restableció el servicio de autobuses y los supermercados, bancos y oficinas públicas abrieron sus puertas.
Los aeropuertos del país, que también permanecían cerrados desde el lunes, fueron reabiertos para los vuelos locales e internacionales, según informó la Presidencia de facto en un comunicado.
«Gracias a Dios lo quitaron» el toque de queda, porque «aquí el más afectado es el pueblo, cierran los comercios, la gente no puede circular. Ya es hora de que se solucione esto», dijo Kenya, una estudiante de 21 años mientras se dirigía a sus clases en la universidad.
«El país ha caído en la anarquía y tiene que haber una solución, tengo esperanza de que (el gobierno de facto) va a ir cediendo por las presiones internacionales», comentó Marta, una médica pensionada de 68 años, quien también celebró la suspensión del toque de queda.
Pese a la relativa normalidad recobrada por la capital y otras ciudades, la tensión persistía en torno a la permanencia de Zelaya en la embajada de Brasil y por rumores de un inminente asalto militar a la sede diplomática, pese a que el régimen de facto ha descartado tal posibilidad.
Centenares de soldados y policías antimotines fuertemente armados mantienen cercada la embajada, situada en una céntrica zona de Tegucigalpa, donde Zelaya permanece junto a decenas de seguidores y algunos miembros de su familia.
El sacerdote católico Andrés Tamayo, una de las 60 personas que se hallaban este jueves en la legación diplomática en apoyo a Zelaya, declaró que el mandatario depuesto y quienes le acompañan están sometidos a una permanente presión psicológica.
«Nos enviaron muchas amenazas con llamadas a celulares diciendo que van a invadir la embajada, a las 10 de la noche (del miércoles) pasó un contingente maniobrando con armas, zapateando y a las dos pudimos oír una detonación a unos 200 metros», dijo Tamayo, un sacerdote de origen salvadoreño conocido por sus luchas en la defensa del medio ambiente en Honduras.
Sin embargo, la Cancillería del régimen de facto ha asegurado que no será irrespetada la inmunidad de la sede diplomática brasileña y afirmó que la presencia militar sólo tiene el objetivo de evitar disturbios en el sector.
El miércoles en la noche se registraron disturbios en diversos barrios de la capital, por segundo día consecutivo, mientras este jueves estaba programada una marcha de los llamados «camisas blancas», que respaldan el golpe de Estado y el régimen de facto de Micheletti.
Dos zelayistas han muerto en disturbios desde que retornó Zelaya al país, dijo la Policía.
Al abrir su embajada al presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, Brasil aplica su tradición de ofrecer refugio, aunque ese sea a la vez un caso insólito en la habitualmente discreta diplomacia del gigante sudamericano.
«Devastados por regímenes autoritarios y de excepción, Brasil y toda América Latina construyeron una tradición de concesión de asilo; cuando había un golpe en un país, el otro acogía», dijo Oscar Vilhena, politólogo y director de la ONG de Derechos Humanos Conectas.
Aun así, el de Zelaya, que desde el lunes se refugia en la embajada brasileña en Tegucicalpa, es un caso insólito, ya que el mandatario no pedía asilo ni intentaba salir del país, sino que al contrario, buscaba ingresar al territorio hondureño y volver al poder.
«Este es un paso más osado de la política externa brasileña», tradicionalmente más discreta y que en este gobierno del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva ha ganado un protagonismo mayor y una voz más fuerte en derechos humanos y democracia, expresa Vilhena.
«El presidente Zelaya no pidió asilo, no quiere salir de Honduras, no estaba en riesgo mientras estuviera en el exterior. Es una acción política. El interés brasileño es la estabilidad democrática, evitar cualquier precedente de consolidación golpista» en la región, afirmó a la AFP Tullo Vigevani, especialista en América Latina de la Universidad del Estado de Sao Paulo.
Un caso parecido, pero a la inversa, ocurrió en 2005, cuando el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, destituido por el Congreso de su país, se refugió 87 horas en la embajada brasileña en Quito, hasta que Brasil envió un avión a recogerlo.
La embajada entonces fue cercada por manifestantes contrarios a Gutiérrez. Zelaya en cambio, está aglutinando a seguidores en las cercanías de la legación diplomática.
Brasil, cuya constitución favorece el asilo, históricamente acogió a políticos y refugiados sin distinción de ideología, incluyendo ex dictadores y guerrilleros.
Asilados conocidos fueron el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, que pasó los últimos 17 años de su vida en Brasil, donde falleció en 2006, y los ex presidentes del mismo país Raúl Cubas y Lino Oviedo.
También pasaron por Brasil Marcelo Caetano, quien sucedió a Antonio Salazar en el gobierno de Portugal (1968-74), y el ex premier francés George Bidault, de 1962 a 1966.
Brasil acoge además a unos 4.000 refugiados.
Casos muy polémicos han sido el del ex activista de ultraizquierda italiano acusado de cuatro asesinatos Cesare Battisti, cuyo refugio aprobado este año por el gobierno llevó a una crisis con Italia y cuyo caso está analizando la justicia, y el colombiano Francisco Antonio Cadena Collazos, «Cura Camilo», vinculado a la guerrilla de las FARC y refugiado desde 2006.
También fueron sonados los casos de los atletas cubanos Rafael Costa Capote (Balonmano) y Michel Fernández García (ciclista), que ganaron refugio tras abandonar los Juegos Panamericanos celebrados en 2007 en Río de Janeiro, a pesar de la cercanía del gobierno brasileño con Cuba, y tres músicos del mismo país que dejaron su gira en 2008.