Más diputados estarían en la ruta de querer contar con los datos de los beneficiarios de «Mi Familia Progresa», incluidos los legisladores del partido oficial; el objetivo: sumarse a la fiscalización -en el caso de los opositores-, o bien neutralizar -en el caso de los oficialistas- el protagonismo que ha tenido Nineth Montenegro, parlamentaria que ganó la batalla legal para obtener la información.
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Entre los diputados que se han mostrado interesados en solicitar la información se encuentran Christian Boussinot y Roberto Késtler, ambos de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Roberto Villate Villatoro, de Libertad Democrática Renovada (Lider); Valentín Gramajo, de la bancada del Partido Patriota, y Aníbal García, legislador independiente.
Los datos de los beneficiarios de Mi Familia Progresa rondan las 500 mil familias, que reciben mensualmente 300 quetzales de fondos públicos, y que, en su erogación desde el inicio del programa, ya sobrepasa los mil millones de quetzales, lo que lo convierte en uno de los gastos más onerosos del Estado, y, de ahí, el interés para fiscalizarlo.
El Gobierno ha puesto énfasis en proteger los datos de los beneficiarios, aduciendo la privacidad de éstos, además de que podría prestarse para la politización del programa. Sin embargo, críticos del programa exigen conocer los datos de los beneficiarios, por dudas en las cuentas, como el hecho de que haya 44 mil homónimos entre los beneficiarios.
SOLICITUD Aí‘EJA
Luego de que la diputada Montenegro recibiera los datos de los beneficiarios, ha habido interés de parte de otros legisladores en obtenerlos. Sin embargo, según aducen ellos mismos, no es de ahora el interés, sino que ya tenían varios meses solicitándolos.
Roberto Villate Villatoro, de Lider, indicó que la solicitud se había hecho desde que Ana de Molina era la titular en el Ministerio de Gobernación. De la misma forma, el Partido Patriota aduce que habían pedido la información a la ex Ministra.
«Si todos tienen la información transparente es mejor para todos», enfatiza Valentín Gramajo, diputado del Patriota.
Sin embargo, luego de que Montenegro recibiera los datos, los alentó a seguir exigiéndolos.
Otros, como el diputado independiente Aníbal García, indicaron que han solicitado la información al nuevo ministro de Educación, Dennis Alonzo.
Según García, la parte gubernamental que maneja los programas debería someterse al imperio de la ley para evitar que se produzcan más actos «de circo» donde ya se vio involucrado un ministro.
POLITIZACIí“N
El interés en los datos de Mi Familia Progresa ha sido catalogado como una intención de politizar el programa, y se ha indicado que podría ser una estrategia electoral del tema si se llegara a descubrir la intimidad del programa, es decir quiénes son aquellos rostros, hasta dónde ha llegado el subsidio a través de la protección estatal.
Desde la iniciativa privada consideran que, no sólo los políticos, sino toda la población debería contar con esa información valiosa, porque está en juego no sólo la intimidad, dignidad o existencia de las personas sino la transparencia del gasto de los tributos.
No considera que haya descalabro o politización en la acción de que todos los diputados obtengan el informe de los beneficiarios: «El descalabro puede ocurrir en la mente de uno pensando que así va a ser», resalta Roberto Villate Villatoro.
NEUTRALIZACIí“N
Christian Boussinot es diputado oficial, quien también requerirá la información de «Mi Familia Progresa» pero su fin es distinto, según él, porque su acción estaría enfocada como labor legislativa que le corresponde.
La fiscalización de campo sería para reforzar el acompañamiento del programa, «muchas veces no es lo mismo hacer el trabajo de escritorio, sería bueno ir al campo los días que se realizan para poder constatar que todo se está haciendo de forma ordenada, clara y transparente».
Según Bussinot Nuila, el manejo de la información debería hacerse con carácter de reserva, saber manejarla, reitera.
Sin embargo, la acción de que los oficialistas también quieran fiscalizar un programa oficial ha sido analizado como una estrategia para neutralizar el protagonismo que ha ganado Nineth Montenegro al ser la punta de la lanza en la fiscalización del proma.
RIESGOS
Edgar Rosales es enfático: «Es precisamente uno de los riesgos que veíamos», explicó para referirse al interés de más diputados para contar con la información.
«Nadie más que la Contraloría General de Cuentas y la diputada Nineth Montenegro podrían tener el informe de los beneficiarios, según la orden judicial específica, no han llegado otras peticiones y si llegaran habría que evaluarlas», sentenció Rosales.
Asimismo, Rosales recuerda que la limitación de la información sigue teniendo como base el segundo párrafo del artículo treinta de la Constitución Política de la República.
Carlos Enrique Zúñiga Fumagalli de la Cámara del Agro enfatiza que el derecho que se persigue es controlar el gasto de los impuestos de los contribuyentes y no crear confrontación.
«Hay cuñas publicitarias del Gobierno generando confrontación entre los guatemaltecos, creo que es un error, se están malgastando los fondos del país en generar divisionismo. Pedir cuentas claras no es confrontar, pedir cuentas claras no es ir en contra de los pobres», remarca Zúñiga Fumagalli.
Es al revés, mientras más transparente sea el programa «Mi Familia Progresa», menos politizado sería, porque hay un sensación que el Gobierno quisiera politizarlo al evitar que se vuelva un tema público, evalúa.
Alejandro Giammattei, político, opina: «Clarísimo, lo que no quieren es contarnos en que han usado los fondos, los cuales constitucionalmente tienen la obligación de contar, porque se le olvida al Gobierno que son simples administradores. Una pequeña equivocación que tienen de conceptos».
Ana María de Klein, del Grupo Pro Justicia, reitera que nadie ha dicho que «Mi Familia Progresa» es un programa que no sirve si lo que se trata es de ayudar a familias en extrema pobreza.
«Pero tienen toda la obligación de tener toda la información y darle acceso a cualquier persona que solicite información sobre a quién, nombre, cédula y lugares dónde se ha repartido ese dinero, porque son miles de millones que han estado repartiendo», destaca de Klein.
MiFaPro, según denuncias anteriores de la parlamentaria Nineth Montenegro, ha sido adquirente desde magdalenas en época navideña hasta zapatos deportivos, mordelones, sonajas y otros juguetes. «No es oposición a los programas», ha reiterado.
Nadie desde la opinión de los representantes de la iniciativa privada hasta el ciudadano común reprocha los programas sociales que puedan llevar un alivio a la pobreza y la exclusión en el país.
De la parte gubernamental, como todo caballero de la antigí¼edad, la defensa es a capa y espada utilizando el amparo de la ley y resguardados en la parte moral.
La mayoría de sectores y grupos cuestionan que haya tanta opacidad en la información y pleitos que han alcanzado los enfrentamientos verbales, el desborde emocional y el uso indiscriminado de los recursos legales para medir la fuerza de las partes.
El resultado está a la vista, la destitución de un ministro de Educación, reveses judiciales, obligación jurídica para entregar la información, gastos.