México vive uno de sus años más violentos con más de 1.300 ejecuciones en lo que va de 2007, la mayorí­a relacionadas con el crimen organizado, a pesar de los vistosos operativos implementados por el gobierno desde hace seis meses compuestos en su mayorí­a por militares.

Emboscadas contra uniformados a plena luz del dí­a, cacerí­as de sicarios que secuestran a sus ví­ctimas en sus propias casas para luego abandonar sus cuerpos con tiros de gracia en otros lugares, entre otras operaciones del crimen organizado, han dejado un saldo de entre 1.270 y 1.382 personas asesinadas en lo que va del año, según reportes periodí­sticos.

En 2001 ocurrieron en total 1.080 ejecuciones, una cifra que se incrementó año a año y que en 2006 alcanzó 2.100 homicidios, un promedio superior al de los años anteriores, de acuerdo con la revista electrónica Reporte Indigo.

El diario Reforma ubica la cifra en 1.270 ejecutados hasta el 11 de junio pasado. Las autoridades de seguridad, consultadas por la AFP, dicen no contar con cifras globales.

El error «está en la estrategia gubernamental», dijo José Antonio Ortega, presidente de la organización no gubernamental Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Partiendo de la premisa de que no hay crimen organizado sin protección oficial, los órganos de inteligencia del Ejército, cuyos elementos componen la fila más gruesa de los operativos federales, «tendrí­an que estar trabajando de manera quirúrgica contra los que desde el poder se han beneficiado del narcotráfico», señaló a la AFP.

«No se ha detenido a ningún operador polí­tico, a ningún lavador de dinero», pese a la «evidente complicidad» entre capos y «algunos policí­as y algunos polí­ticos», añadió.

En algunos tiroteos efectuados, incluso en velorios u hospitales, se han encontrado uniformes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependencia que sostiene que son falsos.

Para el gobierno federal la violencia es producto de un reacomodo del mercado de drogas, determinado por el descenso del consumo de cocaí­na en Estados Unidos, y de disputas entre capos por el control milimétrico del territorio mexicano.

Bajo el lema de ’mano dura’, el presidente Felipe Calderón, en el poder desde el 1 de diciembre, decidió utilizar el Ejército para frenar a los narcotraficantes y desplegó aparatosos operativos en nueve estados del paí­s.

Los funcionarios federales, unos 20.000 en total, patrullan las calles e instalan retenes, una tarea para la que no están preparados como lo demuestra el episodio de una familia acribillada en uno de los filtros de seguridad, han reclamado varios sectores.

Ante la falta de confianza en los cuerpos policí­acos, los operativos militares siguen, pero a diario los mexicanos amanecen con la noticia de al menos un nuevo ’encajuelado’ (cadáver abandonado en la cajuela de un auto) o ’ensabanado’ (envuelto en una sábana).

«Lo que se requiere reflejar es que el presidente no puede con el problema, que está perdiendo la batalla», prosiguió Ortega.

Desde el inicio del mandato de Calderón, el número de narcotraficantes detenidos en México en los primeros cuatro meses de 2007 ha disminuido respecto al promedio diario del año pasado.

En 2006 se registró un promedio de 28 arrestos diarios de presuntos narcotraficantes, pero en el primer cuatrimestre de este año la media fue de 19, señaló la prensa, al citar cifras de la Procuradurí­a General de la República (PGR).

«Pareciera que el contubernio está dándose al más alto nivel, como en el caso de Nuevo León (norte de México)», gobernado por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), considerada hasta hace un par de años como una de las demarcaciones más tranquilas del paí­s, añadió Ortega.

El 12 de junio un diputado de la industrial ciudad de Monterrey, Nuevo León, del PRI, detenido en 1986 por presunta posesión de 12 kilos de marihuana, fue asesinado a balazos frente al Palacio Municipal.

«Existen nexos crí­ticos entre los gobiernos locales y el narcotráfico», coincide el especialista en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Isnardo De la Cruz.

De enero al 11 de junio, del total de ejecutados, 134 fueron torturados, 13 decapitados y en 53 cadáveres se dejaron ’narcomensajes’, según un conteo periodí­stico.

La mayorí­a de los asesinatos se han cometido en Sinaloa con 191 (noroeste), Michoacán 169 (oeste) y Guerrero 155 (sureste), tres estados con fuerte actuación del narcotráfico.