La heterosexualidad es una forma de violencia social que se encuentra institucionalizada en nuestra sociedad. Un claro ejemplo es la concepción tradicional que se tiene del matrimonio; de acuerdo con la legislación de la mayorí­a de los paí­ses, éste es un contrato permitido entre un hombre y una mujer cuyo objetivo principal es la reproducción. Fuera de esto, para muchos Estados y credos religiosos, no hay nada más. Así­, se construye y reproduce la homofobia, definida por el investigador social Michel Kaufman como «una fobia construida socialmente que resulta indispensable para la imposición y el mantenimiento de la masculinidad».

De esta manera, las instituciones que afianzan la supuesta normalidad y superioridad del hombre heterosexual reproducen ideas que logran regir la conducta de la mayorí­a de la población a expensas de la represión de otro grupo poblacional.

No olvidemos en este caso la reciente publicación de la Iglesia Católica sobre educación sexual, donde se asegura que los «maricas» (no hombres homosexuales) son «hombres enfermos» que les gusta tocar la «colita» (no pene) a otros hombres y niños. Es lamentable relacionar la homosexualidad con una enfermedad y con una verdadera desviación y delito, como lo es la pederastia.

Pero no es de sorprenderse demasiado. La postura heterosexista del Estado y de la Iglesia Católica es tradicional y fue creada y construida para fortalecer el sistema patriarcal. Las mujeres heterosexuales y las mujeres y los hombres homosexuales son violentados constantemente por un sistema que crea y reproduce el poder abusivo de la falsa masculinidad, mejor conocido como machismo.

Y pese a la idea, muy bien difundida también, sobre la permanencia de las instituciones sociales, como el matrimonio -que históricamente ha excluido a una buena parte de la población al poner como requisito la rúbrica de dos personas de diferente sexo-, muchos partidos polí­ticos y organizaciones sociales le han dado un revés a la «normalidad» y han demostrado que el ejercicio de la afectividad y la sexualidad no es un asunto que se desarrolla en el secreto de una habitación; el reconocimiento público de la diversidad sexual amplí­a la representatividad del Estado.

Por ello, son sumamente importantes las reformas al Código Civil del Distrito Federal mexicano, impulsadas por el diputado David Razú, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con la aprobación de esta iniciativa, impulsada desde la izquierda, la capital mexicana se convirtió en la primera ciudad de América Latina en donde se universaliza el derecho al matrimonio dejando atrás la exclusividad para las personas heterosexuales. Con esta decisión, las parejas del mismo sexo podrán gozar de ciertos derechos como la unión patrimonial para obtener créditos bancarios, herencia, tener acceso a beneficios del seguro social y la adopción de niños o niñas.

El reconocimiento por parte del Estado de la diversidad sexual es un paso indispensable para la lucha contra la homofobia y para la construcción de una sociedad en donde se respete la integridad de las personas sin importar su preferencia sexual. México ha dado un paso importante gracias al trabajo de las organizaciones sociales que trabajan el tema de los derechos sexuales y de los partidos de izquierda que buscan romper con las instituciones tradicionales racistas, sexistas y excluyentes.