México debe tratar seguridad con sociedad


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La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Navy Pillay, pidió el viernes al gobierno de México que consulte con la sociedad sus planes de seguridad e incluya la prevención y sanción efectiva de los delitos.

Por E. EDUARDO CASTILLO
MEXICO / Agencia AP


Al concluir una visita de trabajo a México, la comisionada de origen sudafricano se dijo «profundamente consternada» por los crecientes niveles de violencia en algunas zonas del paí­s, e instó a Estados Unidos a realizar esfuerzos adicionales contra el consumo de drogas y el tráfico de armas para contribuir a la seguridad en territorio mexicano.

«El crimen organizado, con sus acciones y métodos brutales, amenazan el corazón profundo del Estado y atacan los derechos humanos básicos que con ahí­nco nos esforzamos por proteger», dijo Pillay en rueda de prensa.

Luego de una semana en la que sostuvo reuniones tanto con autoridades como con activistas y ví­ctimas de la violencia, la alta comisionada dijo que si bien se han logrado algunos avances importantes como la reciente promulgación de una reforma constitucional en materia de derechos humanos, también ve con preocupación el incremento de reportes de violaciones y uso excesivo de fuerza por parte de agentes del Estado.

El gobierno de México mantiene una ofensiva contra el narcotráfico y el crimen organizado, que han desatado una espiral de violencia en diversas zonas del territorio, la cual se ha traducido en la muerte de más de 35.000 personas.

«El guardar y hacer guardar la ley es sólo un aspecto de la seguridad ciudadana. Igualmente importante son la prevención, investigación y sanción de los delitos, así­ como la reparación para aquellas personas que han sufrido tanto», dijo Pillay.

Afirmó que ha abogado por una estrategia integral para hacer frente al crimen organizado, «con la plena participación y la consulta de la sociedad civil».

Reconoció la decisión del presidente Felipe Calderón de reunirse con familiares y ví­ctimas de la violencia. «Me alienta su promesa de brindar mayor atención a su situación y a la protección de la población».

Calderón tuvo hace unos dí­as un inusual encuentro con ví­ctimas de la violencia del narcotráfico, encabezados por el poeta Javier Sicilia, quien sufrió el asesinato de su hijo. Los interlocutores del mandatario le exigieron una disculpa al paí­s por las miles de ví­ctimas y le reprocharon la falta de justicia.

El mandatario dijo que se debí­a ofrecer una disculpa por no haber actuado a tiempo, pero no por desplegar a las fuerzas federales.

Calderón se declaró en esa reunión dispuesto a rectificar su estrategia, aunque pidió propuestas especí­ficas, por lo que se acordó un nuevo encuentro en tres meses, en los que las ví­ctimas pretenden presentarle algún plan elaborado por expertos.

La alta comisionada recordó que Estados Unidos comparte la responsabilidad, ya que un reporte de su oficina documenta que un 70% de las armas vendidas en los estados de California, Texas y Arizona terminan en México. El mes pasado, tres senadores estadounidenses publicaron un reporte donde decí­an que el 70% de las armas confiscadas en México y sometidas a un programa de rastreo provení­an de Estados Unidos.

Pillay también manifestó su preocupación por la situación de los migrantes, que enfrentan diversos riesgos al cruzar territorio mexicano, incluidos secuestros y asesinatos. Llamó al gobierno a hacer su máximo esfuerzo para protegerlos

Uno de los peores hechos en la historia reciente de agresiones a migrantes ocurrió en agosto de 2010, cuando fueron masacrados 72 indocumentados a manos presuntamente del narcotráfico.

La alta comisionada pidió proteger las garantí­as de los indí­genas, los defensores de los derechos humanos y de los periodistas.

«Me encuentro alarmada por los altos niveles de impunidad que prevalecen en relación a los ataques en contra de periodistas y hago un llamado urgente a que esta impunidad sea erradicada», dijo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dicho que tiene documentados los asesinatos de 70 periodistas desde el año 2000. México ha sido calificado por algunos organismos internacionales como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.