El debate sobre una enérgica reforma de la industria petrolera mexicana podría comenzar esta semana con una propuesta del Senado para permitir el acceso del capital privado en el sector, un tema controversial en este país donde el petróleo es celosamente protegido por la Constitución de cualquier intervención extranjera.

Legisladores de los dos partidos que apoyan la reforma dicen que están a favor de una reforma constitucional que le permitiría al Estado otorgar licencias y compartir ganancias con grandes corporaciones como Exxon o Chevron. La propuesta sería, incluso, más amplia que la presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto, que hubiera permitido compartir las ganancias, pero no el acceso al petróleo.

Javier Treviño, un legislador del oficialista Partido Revolucionario Institucional, dijo que su agrupación ha llegado a un acuerdo, tras varias semanas de negociaciones, con el opositor Partido de Acción Nacional, que ha sido partidario de una mayor inversión privada en el sector. Manifestó que la propuesta en el Senado ofrecerá una amplia gama de opciones a las empresas interesadas en invertir en perforaciones profundas submarinas, incluyendo licencias para el derecho de extraer y comercializar el petróleo. Permitiría a una empresa petrolera registrar reservas petroleras como activos, algo que México ha prohibido, manteniendo el principio que el petróleo en suelo de México debe ser exclusivamente de los mexicanos.

Ese tipo de participación extranjera ha estado prohibida en México desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, quitándola de las manos de empresas foráneas acusadas de saquear el tesoro nacional. La expropiación es venerada en México como uno de sus momentos de mayor orgullo histórico, y fue el germen del fervor nacionalista que perdura hasta hoy, que considera al petróleo como patrimonio exclusivo nacional y que descarta toda reforma constitucional para cambiarlo.

Pero estas limitaciones han mantenido al monopolio estatal Pemex en condiciones de desventaja, con un funcionamiento aletargado, con equipos anticuados y con normas que desalientan la inversión o la entrada de tecnologías y conocimiento que necesita para extraer reservas profundas, dicen fuentes tanto dentro como fuera del gobierno.

«Se acabó la época del petróleo fácil. Hay que compartir riesgos», declaró Treviño.

Hasta ahora, Pemex permite contratos con empresas extranjeras, pero sólo contemplan el pago de tarifas por servicios prestados.

Mientras la producción petrolera ha aumentado en Estados Unidos y Canadá, la de México ha disminuido en 25% desde el 2004, y las reservas comprobadas han disminuido 41% desde 2001, según el Instituto Mexicano de Competitividad. Estados Unidos contrató los servicios de 70 empresas para realizar 137 perforaciones profundas el año pasado, mientras que México, que sólo puede usar a Pemex, perforó sólo seis, según cifras oficiales de México.

Analistas del sector petrolero apodaron la propuesta inicial de Peña Nieto «reforma lite», afirmando que carecía de detalles y que era más una declaración política a fin de convencer a los mexicanos de que el plan no contradecía las intenciones de Cárdenas, un prócer muy estimado en el país.

«No hay razón para pensar que los contratos para compartir ganancias serán radicalmente distintos a los que ya tenemos», opinó David Shields, analista del sector petrolero con sede en Ciudad de México.

El hijo de Cárdenas, el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, encabeza la oposición a la reforma, a la que califica de «privatización». Su partido, el de la Revolución Democrática, expresa que el gobierno debe eliminar la corrupción y reestructurar a Pemex antes de considerar la posibilidad de una reforma constitucional. El domingo, miles de personas se congregaron en la plaza del Zócalo en Ciudad de México, donde Cárdenas emitió un discurso en el que pidió un referéndum sobre el tema. Aseguró que sus partidarios ya han recabado un millón de las 1,6 millones de firmas requeridas.

«Debemos ser consultados, antes que se adopte una medida tan regresiva y dañina para los intereses de México y los mexicanos», dijo Cárdenas.

Sin embargo, las manifestaciones no han llegado al tamaño que tenían en el 2006, la vez más reciente en que el Congreso trató de aplicar reformas para una mayor apertura en el sector petrolero. Hasta ahora, los opositores no parecen tener los votos necesarios en la legislatura para impedir la reforma.

Según el analista George Baker, el problema es que los mexicanos consideran el petróleo como algo físico, como patrimonio, mientras que las empresas lo consideran algo que se registra en un documento de contabilidad. La entidad que explora, explota o produce el petróleo no lo posee en realidad, afirma. Pero la mentalidad de los mexicanos sigue estancada en los años antes de 1930, cuando empresas estadounidenses y de otros países controlaban la producción y las ganancias.

«La idea de que la Marina de Estados Unidos vaya a defender los intereses de una compañía privada en el Golfo de México sólo porque esa compañía recibió el permiso de registrar las reservas en sus libros de contabilidad, es pura ciencia ficción», dijo Baker, quien vive en Houston y publica un boletín sobre la industria petrolera llamada Mexico Energy Intelligence.

El senador Jorge Lavalle, del Partido Acción Nacional e integrante de la comisión de asuntos energéticos de la cámara alta, indicó que la propuesta requeriría al gobierno aprobar cuáles contratos otorgar, según el proyecto contemplado. La mayoría de los casos en que se compartirían ganancias serán para combustible hecho a base de esquisto o pizarra, o para reservas submarinas, comentó. Las perforaciones en aguas bajas continuarán bajo los contratos actuales, que le otorgan el monopolio a Pemex.

Para los mexicanos comunes, la diferencia entre un tipo de contrato y otro sería mínima, comentó. «El tema del pago ni nos da ni nos quita soberanía».