La ofensiva legal contra la despenalización del aborto en la Ciudad de México se intensifica con el apoyo de la fiscalía federal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a días de que el presidente Felipe Calderón visite al Papa Benedicto XVI en el Vaticano.
«Me indigna que hayan metido este recurso, pero no estoy alarmada, o no estamos alarmadas. Ha habido muchos conflictos en torno a si es constitucional o no (la despenalización del aborto) y casi siempre se han resuelto respetando los derechos», dijo en un foro de mujeres la antropóloga Martha Lamas, directora de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Lamas se refirió así a la demanda de inconstitucionalidad que hizo la CNDH y la fiscalía ante la Suprema Corte de Justicia contra la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo, que fue aprobada el 24 de abril pasado por el Parlamento capitalino, dominado por la izquierda.
Este martes, la Suprema Corte admitió la controversia de la CNDH y el ministro (juez) que tendrá a su cargo el caso, Salvador Aguirre, emplazó al Legislativo de la capital y a la alcaldía a contestar la demanda.
Los recursos fueron presentados bajo el argumento de que las reformas al Código Penal local capitalino tienen imprecisiones sobre las menores de edad, las competencias federales y locales para efectuar el aborto y contradicciones con instrumentos internacionales sobre la niñez.
El recurso legal ante la Suprema Corte «sigue la política federal panista», lamentó Lamas, al referirse al gubernamental Partido Acción Nacional (PAN, derecha), y añadió que el ombudsman José Luis Soberanes está más interesado en «grillas políticas» que en defender los derechos humanos de las mujeres.
«Es total el respaldo del grupo parlamentario del PAN en la Cámara alta a la acción de Soberanes, porque desde el principio hemos defendido que la vida comienza desde la concepción», dijo la legisladora oficialista Blanca Díaz.
Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), la coincidencia de que la CNDH y la fiscalía hayan presentado el mismo recurso y el mismo día con apenas horas de diferencia ante la Suprema Corte «es sospechosa».
«No negocié nada, yo no hablé con el PAN para presentar la demanda de inconstitucionalidad. Si yo hubiera hablado con el gobierno federal, les hubiera dicho: ’van ustedes o voy yo’; aquí no hay acción concertada, no hubo tal, yo fui por libre», reviró Soberanes.
El debate coincide con la primera vista del conservador presidente Felipe Calderón al Papa Benedicto XVI en el Vaticano, a efectuarse el 3 de junio.
La jerarquía de la Iglesia mexicana efectuó una marcha, encabezada por sacerdotes, contra la despenalización del aborto antes de su aprobación y después de ésta amenazaron con la excomunión a los diputados y al alcalde capitalino por las reformas aprobadas.
Al respecto, el Papa había dicho que «la amenaza no es arbitraria y está prevista en el código de derecho canónico», aunque luego matizó su declaración.
La cancillería sostuvo el martes que la agenda de Calderón en el Vaticano no contempla el tema del aborto.
México, con 106 millones de habitantes, es el segundo país más católico del mundo, detrás de Brasil.
El alcalde capitalino Marcelo Ebrard (izquierda) estimó por su parte que «va a ser un juicio largo que van a perder».
Como parte de la campaña contra el aborto -permitido en las primeras 12 semanas de gestación con el único requisito de que la mujer lo desee- este martes se publicó un gran desplegado que dice: «Yo pensaba abortar pero…Gracias», con la foto de una joven cargando a un recién nacido.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dominada por el PRD está decidida también a destinar sustanciales recursos para promocionar «las bondades de la reforma».
De acuerdo con el diario El Universal, la ALDF iniciará su contracampaña el próximo mes con un presupuesto de 8 millones pesos (unos 734.000 dólares).
A un mes de las reformas al Código Penal del Distrito Federal, se han efectuado 230 abortos.
Del total de mujeres que han decidido no continuar con sus embarazos, el 38% tienen entre 20 y 24 años y 23% son estudiantes, según cifras de la secretaría de Seguridad local.