Los orificios de bala y las manchas de sangre en las paredes de un depósito de granos en las montañas del sur de México revelan una historia sombría que involucra a soldados y presuntos criminales. Aunque la realidad podría no tener nada que ver con la versión oficial.
SAN PEDRO LIMON / Agencia AP
La Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) dice que el 30 de junio unos soldados patrullaban uno de los rincones más violentos y anárquicos del país cuando les dispararon desde un depósito donde se escondía una banda de 21 varones y una mujer. Un soldado resultó herido, pero todos los sospechosos murieron dentro del edificio.
El incidente es el más llamativo en una serie de enfrentamientos en los que el ejército dice que los criminales dispararon primero a los soldados y que estos respondieron matando a todos sufriendo pocas o ninguna baja. Ha habido tantos incidentes de ese tenor que grupos defensores de los derechos humanos y analistas han empezado a dudar de las versiones de los militares.
«Levanta las sospechas el hecho de que hay 22 muertos por un lado y un herido por el otro», comentó el analista de seguridad Alejandro Hope, exfuncionario en el servicio de inteligencia mexicano.
En San Pedro Limón, en el Estado de México, las manchas de sangre y los orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas de The Associated Press tres días después del tiroteo plantean interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara. La bodega en la que fueron encontrados muchos de los cadáveres no tenía muchas evidencias que de que el enfrentamiento fuera prolongado.
Un testigo, que vive cerca del depósito, dijo que oyó fuego de armas automáticas y fuertes golpes durante casi dos horas en la madrugada del 30 de junio. Pero no podría afirmar con seguridad que los ruidos provenían del depósito o de las montañas boscosas a su alrededor. El hombre, que no quiso ser identificado por temor a represalias, indicó que después que se acallaron los disparos vio a los soldados inspeccionar los cerros.
Aunque se informó que hubo un tiroteo intenso, solo seis andanadas parecen haber hecho impacto en la fachada del depósito, la única parte del edificio con ventanas o puertas en la que los soldados habrían disparado a la gente parapetada en su interior.
Tampoco había indicios de un tiroteo intenso dentro del edificio, pocos orificios de bala y ningún casquillo. Pero sí había muchas evidencias de muertes. El piso estaba manchado de sangre y se veían dispersas hojas de papel numeradas que los investigadores dejaron para marcar dónde se habían hallado los cadáveres, la mayoría cerca de las paredes.
Al menos cinco sitios en los muros internos del depósito mostraban las mismas huellas. Uno o dos grupos de agujeros de bala rodeados de una masa de manchas de sangre, lo que daba la impresión de que las personas en el interior estaban de pie frente a la pared y fueron alcanzadas por uno o dos disparos a la altura del pecho.
La distancia a la que se efectuaron los disparos fatales no fue revelada por la procuraduría general de México, que lleva a cabo las autopsias. Un funcionario estatal agregó que su oficina no podía indicar la causa de muerte debido a que es un caso federal, aunque un funcionario federal lo negó. Ambos hablaron con la condición del anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones oficiales.
La Sedena no respondió a las solicitudes que se le hicieron para conocer sus comentarios.
Dos observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que inspeccionó el depósito poco antes de que las autoridades estatales lo cerraran, notaron que no hallaron indicios de balas perdidas que deberían haber dejado soldados que disparasen armas automáticas a distancia. Ni había señales de disparos efectuados desde el interior.
«Eso me parece realmente notable», comentó el observador Tom Haeck, de la ONU, y agregó que todavía no se han sacado conclusiones y que todo informe sería para uso interno de la organización internacional.
Sobre el piso de tierra del depósito también había cepillos de dientes, medicinas y contenedores vacíos de alimentos, lo que sugiere que hubo gente que se alojó en su interior.
Empleados de la oficina forense del Estado de México, que hablaron con la condición del anonimato por no estar autorizados a hacer declaraciones a la prensa, dijeron que los muertos eran mayormente jóvenes de 16 a 24 años, procedentes del estado vecino de Guerrero. Allí opera una banda de narcos conocida como Guerreros Unidos, que al parecer disputa el control de las narcorrutas en el área con el cártel La Familia, del estado de Michoacán. Las autoridades se han negado a decir qué pandilla podría haber estado vinculada al depósito.
Las reglas del ejército mexicano permiten que los soldados disparen contra civiles armados sólo si estos disparan primero. En algunos casos hay evidencias de que pandillas de narcos han atacado a los militares. Un convoy de soldados y policías fue atacado el 16 de mayo en el estado de Michoacán: cuatro soldados murieron y varios resultaron heridos. Los militares afirmaron que dos soldados murieron en otra emboscada en ese estado en enero. Y cinco soldados murieron en otra emboscada en el mismo estado en 2007.
Pero últimamente son muchos más comunes los casos en los que los soldados indicaron haber sido atacados a tiros y en los que solamente los atacantes murieron.
El ejército reportó un enfrentamiento el 8 de mayo en el estado de Zacatecas en que los soldados mataron a siete hombres armados sin sufrir bajas. En cuatro casos, ocurridos durante una semana a fines de abril, las autoridades informaron que las fuerzas federales mataron a 12 hombres que los atacaron, también sin sufrir bajas. El ejército dijo que los soldados mataron a otros 11 supuestos atacantes en el estado de Tamaulipas en 2010.
Hope dijo que definitivamente nadie desea que haya más muertos entre los militares. Pero en el caso de San Pedro Limón, «vale la pena averiguar qué pasó allí. Es importante para despejar dudas, o sancionar a quien debe sancionarse, que haya una investigación a fondo. Yo preferiría que esto fuera una instancia no militar».
Es difícil hacer hablar a los residentes abiertamente sobre el incidente del depósito porque temen al ejército y a las pandillas de narcos que perpetran secuestros, extorsión y asesinatos mientras se desplazan libremente por el área.
Días después del incidente, reporteros de la AP en San Pedro Limón vieron a dos jóvenes vestidos con pantalones vaqueros, camisetas y cartucheras negras, cargando fusiles AK-47 montando guardia junto a un vehículo deportivo blanco, con ventanillas ahumadas, y otros dos hombres armados en el interior del vehículo, en la calle principal de San Pedro, no lejos de donde los fiscales estatales cercaban el depósito para impedir el paso.
Después que los hombres armados se fueron, los pobladores que estaban a pocos metros de distancia dijeron no haberlos visto siquiera.
Cuando se le preguntó si el camino era seguro, el conductor de un camión de transporte que vive en el pueblo cercano de Amatepec dijo que los viajeros probablemente serían detenidos por hombres armados en el camino. «Te van a preguntar de dónde vienes, qué haces aquí. Diles que vienes a visitar a un pariente que vive en San Pedro», aconsejó.
Un juzgado del estado occidental de Michoacán abrió un proceso penal por tenencia de armas y droga contra el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes y fundadores de los grupos de civiles que se alzaron en armas hace año y medio en esta región para combatir al cártel de los Caballeros Templarios, el más poderoso de la región.
Según informó el Centro Federal de Investigaciones en un comunicado, se le acusa de portar armas de uso exclusivo del ejército y de posesión de marihuana y cocaína.
Mireles, un cirujano de la localidad de Tepalcatepec, fue detenido el pasado 27 de junio junco con otros 82 miembros de las autodefensas y actualmente está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Hermosillo, en el norte del país.
El gobierno federal, a través de su comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que se le decomisó una camioneta blindada donde había ocho armas largas, seis cortas, además de cuatro bolsas de marihuana y una bolsa de cocaína.
Agregó que Mireles tenía un arma larga y una corta con él al momento de la captura y que era resguardado por tres escoltas también armados, a los que también se les acaba de abrir proceso.
La abogada de Mireles, Talía Vázquez, aseguró a la emisora MVS que los cargos son «absolutamente falsos» y que las armas y la droga fueron colocadas en el vehículo de Mireles en el momento de la detención. El sábado indicó en redes sociales que se encontraba «estable de salud», con «excelente ánimo» y que pedía no rendirse frente a la inseguridad.
En febrero de 2013, Mireles e Hipólito Mora fueron dos de los líderes que iniciaron el levantamiento de civiles, mayoritariamente agricultores y hacendados, que hartos de que ninguna autoridad les garantizara la seguridad frente a la violencia y las extorsiones, optaron por tomar la justicia por su mano e iniciar una lucha frontal contra los Caballeros Templarios.
Durante casi un año las fuerzas de seguridad federales dejaron hacer a estos grupos armados pero después de que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto iniciara un gran despliegue en el estado para intentar recuperar la calma y nombrara a Castillo comisionado de seguridad, el gobierno, que incluso había realizado operativos conjuntos con los autodefensas, inició un proceso de legalización para que pudieran seguir portando armas y combatiendo al narco de forma legal y controlada.
Parte de los autodefensas aceptaron. Otros, entre ellos Mireles, se negaron a integrarse en el nuevo cuerpo de policía rural creado en mayo con el argumento de que no eran confiables.
La de Mireles no es la única detención de líderes de autodefensas. Hipólito Mora fue encarcelado en marzo y se abrió un proceso penal contra él por asesinato que dos meses después fue revocado por falta de pruebas. Tras su liberación ingresó en la policía rural.
En los últimos meses, varios líderes y miembros del cartel de Los Caballeros Templarios han muerto o han sido detenidos por las fuerzas federales y se ha arrestado a alcaldes y exfuncionarios estatales ligados al narcotráfico aunque sigue prófugo el líder más visible del cártel, Servando Gómez, alias «La Tuta».