Al menos 11 personas fueron secuestradas por separado en un plazo de 20 días en un barrio de Ecatepec, un municipio colindante con la capital mexicana, y ninguna de las víctimas ha sido liberada pese a que los familiares pagaron el rescate, denunció una organización civil.
«En los últimos 20 días, 11 personas han sido secuestradas en el Estado de México (centro), municipio de Ecatepec y, a pesar de pagar el rescate, ninguna víctima ha regresado con sus familiares», según la ONG Consejo para la Ley y los Derechos Humanos.
Los denunciantes consideran que los secuestradores operan con la presunta complicidad de la policía judicial del estado de México y «creemos que se trata de La Familia», una organización criminal que es investigada por las autoridades por un atentado perpetrado en Morelia (oeste), que el 15 de septiembre dejó ocho muertos.
«Estamos pidiendo, suplicando que intervengan el presidente Felipe Calderón y la Policía Federal porque necesitamos una ayuda muy grande, por todo el movimiento y cómo se están manejando, hay policía involucrada del Estado de México», dijo la esposa de una de las víctimas que pidió el anonimato.
Por su parte, un portavoz de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) descartó tener información sobre estos 11 secuestros, así como que La familia haya llegado a esa zona.
La PGJEM tiene «registrados 62 secuestros denunciados en el estado en lo que va del año y de estos cinco siguen» vigentes, pero no son únicamente en Ecatepec, dijo un vocero a la AFP.
El esposo de la mujer que habló con la AFP fue secuestrado el 20 de agosto en la tarde cuando, según dijo, una camioneta oscura llegó a su domicilio de la que bajaron cuatro personas con el rostro cubierto y con armas largas para ingresar a la casa y llevarse a la víctima.
Los familiares de esta víctima pagaron a los secuestrados 500.000 pesos (unos 45.700 dólares) a finales de agosto, sin que hasta el momento haya sido liberada, señaló.
«La selección de los 11 secuestrados se hizo con inteligencia, todos son comerciantes de entre 39 y 49 años, todos los secuestros fueron entre las 13h00 y las 16h00 (18h00 y 21h00 GMT) y todos son los padres de familia», añadió Fernando Ruiz, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos.
Los 11 casos denunciados por el consejo han ocurrido en la misma colonia y tres de ellos en la misma calle, «donde participa un comando vestido con uniformes de agentes federales, armas largas equipadas con miras láser y pasamontañas», indicó Ruiz.
De acuerdo con esta organización, en los 11 casos los familiares acudieron ante las autoridades judiciales del Estado de México para levantar una denuncia, pero sólo en cinco se inició un proceso judicial.
En las investigaciones iniciadas por el consejo, por la denuncia de una de las familias, se encontró que por el modo de operar de los secuestradores «existe la participación de los policías del estado», consideró el Consejo en el comunicado.
De acuerdo con las pesquisas los secuestradores solo usan un número de celular para comunicarse con los familiares, cobran los rescates en persona con ninguna seguridad, dejan ver sus rostros al momento del pago e «incluso lo han cobrado en presencia de patrullas de la policía estatal», agregó Ruiz.
Mientras la policía estatal no ha ubicado a ninguno de los secuestrados, el consejo pudo intervenir el teléfono de los secuestradores, quienes mantienen constante comunicación con personas de Michoacán (oeste), un estado vecino, y donde fue el atentado del 15 de septiembre.
«Creemos que tratan de calentar la plaza, es una estrategia típica de La Familia, sembrar temor en esa comunidad para desplazar a Los Zetas (sicarios) que desde antes se instalaron en Ecatepec», explicó el especialista que ha apoyado a unas 300 familias en casos de secuestro.
«Nunca habíamos visto algo tan insólito, tantos secuestros en un perímetro tan pequeño, en tan corto plazo y con tal impunidad», concluyó Ruiz.
Según cifras oficiales, en lo que va de 2008 se han registrado 651 secuestros en México, aunque de acuerdo a expertos sólo se denuncian uno de cada dos o tres casos.
Cinco policías mexicanos fueron acusados de matar a golpes en agosto a un turista estadounidense en una cárcel del estado de Baja California Sur (noroeste), informó hoy la subprocuraduría de Justicia estatal.
Los agentes están en prisión preventiva desde el 28 de agosto a la espera de que el juez dictamine acerca de la acusación de homicidio formulada por la subprocuraduría.
«Para algunos la acusación es mayor, para otros menor. Pero estamos hablando que por el delito de homicidio preterintencional se podría alcanzar una pena no mayor a los diez años», explicó a la AFP el subprocurador General de Justicia de Baja California Sur, Omar Barajas Amador.
Otro policía detenido, de rango comandante, fue puesto en libertad sin cargos.
El estadounidense Sam Bother, de 38 años y originario de Oregón, fue detenido el 27 de agosto en la turística localidad de Los Cabos como sospechoso de un robo y trasladado a una prisión.
Según testimonios de dos reos, el turista se resistió a entrar en la celda y los policías municipales lo golpearon, lo esposaron por la espalda y lo tiraron boca abajo al suelo, donde murió minutos después.