El nuevo Gobierno y los desafíos nacionales en derechos humanos
Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado
He señalado con anterioridad que la segunda vuelta para la elección presidencial, efectuada ayer, marca un momento decisivo en la vida nacional: el advenimiento, a partir del 14 de enero de 2008, de un nuevo Gobierno electo democráticamente; el cual habrá de enfrentar el desafío de conducir al país por sendas que permitan apartar a la población guatemalteca de las actuales condiciones de pobreza, exclusión, discriminación, violencia y, ojalá, de todas otras formas de sufrimiento humano.
Para lograr las metas más altas de desarrollo social es necesario, sin duda alguna, que las nuevas autoridades admitan que los derechos humanos son la razón de ser del Estado y los tomen como guía segura para que el poder sea ejercido sin abuso; para que las prioridades de ejecución trasciendan y permitan resolver la amplia gama de necesidades y problemas que nuestros conciudadanos afrontan cotidianamente, de manera ofensiva y dañosa, fundamentalmente en los aspectos económico y social.
La situación precaria de los servicios estatales de salud es inocultable; diariamente muchos pacientes y sus familiares sufren la inoperancia del sistema, debido a carencias de personal, equipo y medicamentos, realidad dolorosa que con frecuencia desata crisis en los centros asistenciales del sector público.
Por otra parte, si bien se habla de cobertura universal en la educación primaria, el sistema educativo actual adolece de elevados índices de ausentismo y deserción, que redundan en bajos índices de promoción; problemas que, junto con las condiciones de infraestructura escolar, requieren atención urgente.
La criminalidad desbordada y el virtual colapso del sistema de seguridad y justicia hacen de Guatemala un paraíso de impunidad. Diariamente son asesinadas entre 14 y 18 personas; casi el 80 % de ellas víctimas de ataques con armas de fuego.
Todos esos hechos constituyen violaciones, fácilmente visibles, de los derechos humanos. Sin embargo, suele pasar inadvertida la inseguridad alimentaria, incluida el hambre en cientos de comunidades, que condena a niñas y niños a la desnutrición crónica, que se traduce en incapacidades y propensión a sufrir enfermedades durante sus vidas, y una capacidad disminuida para el aprendizaje.
Yo espero que el nuevo régimen asuma sin reservas ese desafío; que lo atienda sin tardanza, con un elevado sentido de responsabilidad que esté a la altura de las circunstancias, con miras a resolverlo mediante acciones de corto, mediano y largo plazo; para lo cual es necesario que los depositarios del poder se pregunten, continuamente, qué clase de futuro garantizarán a las poblaciones que más necesitan de la acción estatal, para desarrollarse integralmente.
Otro elemento insuficientemente atendido, pese a ser la base de nuestra supervivencia en la Tierra, es el medio ambiente, y toda decisión oficial debe propender a la preservación de lo bueno que queda del medio ambiente y a restaurar lo que ha sido dañado por la mano del hombre o por la misma naturaleza.
La responsabilidad del Estado ?en la aplicación de políticas públicas dirigidas a superar la compleja problemática nacional? es insoslayable y por lo mismo es fundamental que el nuevo Gobierno esté en capacidad, desde el primer momento, de atender de manera integral, entre otros, los asuntos que señalo.
No está de más recordar que será posible enfrentar con éxito el reto, siempre que se destinen los recursos financieros, con visión estratégica y, por supuesto, con sentido de urgencia. Confío, además, en que desde el principio el nuevo Gobierno adopte la firme decisión de poner coto a la arbitrariedad, al abuso de poder y a todas aquellas actitudes autoritarias que perjudican el desarrollo armónico de la sociedad.
Procurador de los Derechos Humanos