Hoy, el Congreso de la República de Guatemala, a través de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, realizó el último taller sobre la iniciativa de ley «Extinción de Dominio», reunión en la que participaron grupos de la sociedad civil, marcado por criterios encontrados y la ausencia de algunos jefes de bloque.

Gustavo Adolfo Mendizábal, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manifestó que el criterio de ese organismo es que el texto no viola ningún derecho que protege la Constitución Polí­tica de la República, ya que se trata de una herramienta legal de procedimiento administrativo y no penal.

Mendizábal expresó que muestran su aceptación al proyecto de esa norma jurí­dica que vendrí­a a ser de observancia general y porque tiene un carácter de apoyo interinstitucional únicamente para despojar bienes y recalcó «no es un tema penal, no es un tema constitucional».

Mariano Rayo, ponente de esa iniciativa de ley, expresó al inicio del taller que de la sociedad civil presente se esperaban propuestas concretas y no solo comentarios, porque el objeto es que la ley sea un «parteaguas contra el crimen organizado que, con esta propuesta, está viendo ya cómo escabullirse y cómo esconder los bienes».

RECHAZO

Juan Francisco Reyes López, ex vicepresidente de la República y empresario, llegó para rechazar el texto propuesto, debido a que según él se estarí­an violentando principios fundamentales que garantiza la Constitución de la República «de igualdad, de defensa, presunción de inocencia o el mismo derecho de propiedad privada», enfatizó.

Reyes López ilustró casos extremos como el de la diputada Otilia Lux de Cotí­, al decir que extinguir el dominio de bienes le podrí­a afectar a ella y no poder comprobar la propiedad de sus gí¼ipiles o sus joyas; «o el empresario que no sabe cuántos pollos le nacen al dí­a, no sabe cuánto produce y si facturar o no y si es un ilí­cito o acto delictivo».

Reyes López rechazó la opinión sobre el tema que diera David Johnson, secretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos Narcóticos, y hasta el criterio de ílvaro Uribe, ex presidente colombiano, quien puso de ejemplo el caso de Colombia y su constitución, pero que no es lo mismo para el caso de Guatemala», destacó

Sin embargo, Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, aseguró que la iniciativa de ley respeta el artí­culo 39 de la Constitución, base de la propiedad privada.