En vista de los últimos acontecimientos de violencia ocurridos en el paí­s, se ha planteado la posibilidad de decretar el Estado de Excepción en algunos puntos rojos, sin embargo, para analistas, esta opción traerí­a un «desgaste polí­tico» al Gobierno en vista de que su intención es atraer votos para las próximas elecciones.

A decir de Mario Mérida el «problema» al que se enfrenta el Gobierno es «lidiar con el próximo proceso electoral», por lo que el Estado de Excepción le producirí­a un desgaste considerando que la medida se tomarí­a como «antipopular».

«El problema es que ahorita (el Gobierno) está pensando en los costos que conllevan determinadas acciones de cara al próximo proceso electoral, si lo hacen, éste serí­a (reconocido) como el Gobierno que va a poner un Estado de Excepción y eso puede ocasionarle algún desgaste polí­tico», señala Mérida.

Por ello, el analista considera que se trata de una decisión eminentemente polí­tica, pero realiza la evaluación de que «más desgastante polí­tico le puede ocasionar al Gobierno si se permite que mueran guatemaltecos».

PRO Y CONTRA

Para Mérida esta medida serí­a un disuasivo y entre los derechos que a decir del experto deben dejarse sin efecto, se encuentran el de libre locomoción, portación de armas y la prohibición de realizar allanamientos sin orden de un juez y en horarios no establecidos.

Por otro lado, Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, (GAM), se muestra preocupado por que esta medida representarí­a una violación a los Derechos Humanos en vista de la «debilidad institucional» en que se vive, pues no se tiene garantí­a de que se respetará el marco de función del Estado de Excepción.

Polanco continúa creyendo en frenar la violencia al buscar efectividad en la policí­a y agilidad en las investigaciones y el proceso de justicia.

La posibilidad de que el Ejército salga a las calles es otro tema abordado por los expertos, pues mientras Mérida señala que esto no causarí­a ningún impacto, ya que los elementos castrenses ya realizan funciones de policí­a, para Polanco significarí­a algún tipo de ayuda en la medida en que sólo «acompañen» a la fuerza policial.

Por su parte, Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, indica que el decretar el Estado de Excepción es un derecho y una obligación que impone la Constitución al Gobierno, y que la iniciativa de imponerlo o no debe ser tomada por el Ejecutivo o el Legislativo.

Además, señala que siempre existirán riesgos de abusos, pero que esto puede compararse con la toma de un purgante, «no es lo más agradable pero es necesario para curarse», señala.