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«Por orden constitucional, el Estado no puede reprimir a los adolescentes en conflicto con la ley, de la misma forma como lo hace con los adultos», advierte Byron Alvarado, asesor jurí­dico del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, MSDNAJ.

El abogado hace esta afirmación luego que se le consultara sobre la posibilidad de reducir la mayorí­a de edad a los 16 años, para que los jóvenes transgresores de la ley, sean perseguidos penalmente como un adulto.

Alvarado asegura que de intentarse una reducción para la mayorí­a de edad penal, se requerirí­a de una reforma a la Constitución; además de renunciar a la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que Guatemala aceptó junto a más de 190 Estados, a través de la ratificación de ese tratado internacional, que la mayorí­a de edad se inicia a los 18 años.

«Se aboga por un derecho penal democrático, donde se conciba a niñez y adolescencia como inimputables, sin embargo, esto no significa que sean irresponsables», enfatiza el experto.

Actualmente el diputado Gudy Rivera, del Partido Patriota, preside la Comisión del Menor y la Familia, y, en la legislatura pasada fue el partido del puño, quien impulsó una propuesta para reducir la mayorí­a de edad.

No obstante, el Movimiento Social asegura que, al menos hasta octubre de este año, ese tema está fuera de la agenda legislativa de esa comisión, de acuerdo a lo pactado con Rivera.

Delitos de alto impacto

Homicidio, homicidio en grado de tentativa, asesinato, asesinato en grado de tentativa, secuestro y violación, son los delitos por los que más ingresan los jóvenes a los centros carcelarios, los cuales son catalogados de alto impacto, por el daño que causan a la sociedad.

Por tal razón, existen quienes consideran que con base en ese «alto impacto», los jóvenes deberí­an ser castigados con penas más severas que inhiban la comisión de tales delitos. Actualmente la mayor sanción que se impone por estos hechos es de seis años, de acuerdo con la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.

«Se ha comprobado en estudios hechos a nivel latinoamericano que la reducción de la mayorí­a penal y la imposición de castigos penales más severos no desestimula a los adolescentes a cometer delitos», asevera Alejandra Vásquez, del MSDNAJ.

Prevención del delito

Según los defensores de la niñez y adolescencia, se deberí­a debatir para que el Estado le da vida a las polí­ticas públicas integrales para la prevención del delito y no se concentre en la búsqueda de medidas represivas.

«Existe una inadecuada comprensión del fenómeno de las pandillas y la violencia por parte de las autoridades, así­ como de la sociedad civil», advierte un estudio de Unicef.

La Alianza para la Prevención del Delito, Aprede, estima que existen entre 150 mil y 200 mil miembros de pandillas juveniles. «Por las raí­ces profundas del fenómeno, es necesario un abordaje integral que considere el contexto global de relación entre pobreza, desigualdad y violencia», indica el Fondo de Naciones Unidas.

«Si los adolescentes no tienen oportunidades de empleo, acceso a la distracción, diversión, si no pueden culturizase, educarse, la única opción que se les presenta es ésta», sentencia Alvarado.

Perfil delictivo

Según Nora Escobar, directora del Programa de Adolescentes en Conflicto con la Ley, de la Secretarí­a de Bienestar Social, la mayorí­a de los adolescentes internos no son reincidentes y tampoco poseen un perfil delictivo alto.

«Hay algunos que delinquen dentro de los centros, que agreden a sus propios compañeros, al personal de la institución; que tienen esa conducta conflictiva, pero no la mayorí­a», asegura la funcionaria.

A criterio de Escobar, una de las mayores limitantes para atender apropiadamente a la población, tanto en infraestructura como en la rehabilitación, es la carestí­a de personal debido a la falta de recursos. «Lo que hemos hecho es adaptarnos, porque no ha habido voluntad de los gobiernos anteriores», se lamenta. A la fecha, dos de los tres centros para varones rebasan su capacidad.