No es una novedad afirmar que los gobiernos de Guatemala y El Salvador no encuentran la fórmula para detener el avance del crimen organizado, que tiene sus mejores aliados en las pandillas juveniles en lo que respecta a las extorsiones contra transportistas, pequeños negocios y familias de colonias de clase media baja.
A mediados de abril de este año, la opinión pública se conmovió ante la noticia de que un adolescente, casi un niño, porque apenas cuenta con 13 años de edad, dio muerte con arma de fuego a una señora que, en la zona 5, se conducía a pie a dejar a sus hijos a la escuela. Funcionarios gubernamentales mostraron su real o fingida indignación, pero ese interés se esfumó de la misma manera como otras noticias acapararon la atención de los guatemaltecos.
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En el vecino El Salvador, hace pocos días un grupo de mareros llegó al extremo de atacar con explosivos un par de unidades del transporte colectivo, con el saldo de más de una decena de víctimas fatales y otros pasajeros heridos. Los ataques fueron ejecutados con tanta crueldad que el presidente salvadoreño Mauricio Funes calificó las acciones de los pandilleros como «verdaderos actos terroristas» a la vez que ordenó nuevas medidas contra la delincuencia, incluyendo el despliegue de soldados en los centros penales, donde, según su autorizada opinión, «se ordenan toda clase de crímenes y atentados por líderes pandilleros».
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Por supuesto que tampoco es novedosa esa aseveración, porque lo mismo han declarado autoridades del Ministerio de Gobernación al admitir que las extorsiones se originan desde las cárceles por medio de celulares, pese a inútiles esfuerzos que realizan para evitar que los mareros obtengan esa clase de teléfonos, a la vez que han fallado los sistemas instalados para bloquear las llamadas, más que todo por el grado de corrupción imperante en el sistema penitenciario.
  Llama la atención lo anunciado por el gobernante de El Salvador, en el sentido de que planteará al Congreso de su país un anteproyecto de ley que «permitirá considerar como delincuentes a los integrantes de pandillas», al parecer, independientemente de su edad. Es que los salvadoreños como los guatemaltecos hemos llegado al punto en que el sistema legal debería ser modificado, porque no es posible que menores de edad que cometen crímenes atroces no sean juzgados y condenados de acuerdo con la gravedad del delito cometido; pero como la legislación los considera inimputables, esos muchachos son penados levemente, salen del reclusorio y vuelven a delinquir.
  Por supuesto que no se trata sólo de legislar para poder aplicar la ley penal a los jóvenes antisociales, porque deben atacarse las raíces de la violencia criminal, que incluye la pobreza y extrema pobreza, hogares desintegrados, padres alcohólicos y agresivos, madres prostitutas, salarios de hambre, injusticia social, discriminación y marginación; pero, mientras asume el poder un Gobierno que termine con la corrupción, que atienda las necesidades de los núcleos más vulnerables y modernice las arcaicas estructuras socioeconómicas, algunas medidas preventivas deben tomarse para evitar que se acreciente la ola de delincuentes juveniles, como la propuesta del presidente salvadoreño.   Â
  (El reo Romualdo Tishudo que tiene un aparato de TV de plasma en su celda, al advertir los errores de un réferi en el Mundial de Fútbol, le dice a su abogado: -Ese árbitro es tan malo de la vista que cuando camina en la calle lo guía un lazarillo).