La niñez y adolescencia trabajadora aporta el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala, lo que demuestra que han sido insuficientes los esfuerzos y estrategias que impulsa la sociedad para erradicar este flagelo.
Según un comunicado de prensa de diversas entidades de la sociedad civil que trabajan el tema de niñez en el país, es preocupante la situación actual y las perspectivas de futuro, que no se ven alentadoras para la infancia en el país.
Las organizaciones destacaron que la escolarización disminuyó, según datos del Ministerio de Educación que reportan una baja en la cobertura de todos los niveles educativos entre el 2012 y 2013, del 0.58 por ciento, siendo el más dramático en la primaria con un 3.7 por ciento.
La pobreza y el escaso acceso a la educación, así como la poca respuesta del Estado como garante para dar cumplimiento a los derechos de la niñez y la adolescencia, repercuten en que una de las estrategias de las familias para hacer frente a la crisis ha sido incorporar a la población menor de edad al trabajo para la generación de ingresos.
La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2012 reveló que 588 mil niñas y niños, comprendidos entre los siete y 14 años, que representan el 19 por ciento de la población de esa edad, están vinculados a actividades como la agricultura, comercio y la industria manufacturera, entre las principales.
El documento destaca que el 60 por ciento del total de menores que trabajan son indígenas; y subraya la preocupación de las entidades porque las estrategias de gobierno para la protección de la niñez trabajadora distan mucho del principio del interés superior del niño y la niña, y más bien se caracteriza por acciones de captura, como si fueran delincuentes.
El Ministerio de Trabajo que debería asumir la política de erradicación del trabajo infantil y de la protección a la niñez trabajadora tiene asignado solamente el 0.94 por ciento del total del presupuesto del país para el 2014, recursos insuficientes para un abordaje integral y con enfoque de derechos.
De acuerdo con el comunicado, en materia de niñez trabajadora y migración es importante tomar nota que el acceso a un trabajo y a mejores ingresos, la reunificación familiar así como salvaguardar la vida en situaciones de violencia e inseguridad pública, son algunas de las principales causas por las cuales la niñez y adolescencia migra a lo interno y fuera del país.
Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y retorno de niñas, niños y adolescentes migrantes, que cuenta con un marco jurídico vinculado a la protección integral de este sector, el cual debe cumplirse independientemente si la persona es migrante o no, si su condición migratoria es regular o irregular.
Finalmente, las organizaciones exigieron mejorar la ejecución de las acciones de prevención, atención y erradicación, planificadas para ser desarrolladas por conducto de distintas organizaciones de gobierno.
Entre las organizaciones que firman el comunicado están el Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI), la Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez (CIPRODENI), la Asociación Conrado de la Cruz y el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADEL).