Méndez Ruiz niega acusación de organizaciones y activistas


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“Yo no atento contra la vida de ellos, pero sí estoy en contra de su forma de vida porque es inmoral que ellos estén ganando dinero a base de prostituir la historia de Guatemala”.

POR MANUEL RODRÍGUEZ
lahora@lahora.com.gt

De esta forma, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, negó los señalamientos en su contra por parte de las organizaciones sociales que lo denunciaron ayer ante el Procurador de los Derechos Humanos.

Según Méndez Ruiz, se le acusa de estar fomentando el odio en contra de estas organizaciones. “Eso no es cierto. La gente ya los odia precisamente porque todo el mundo en Guatemala se rompe la espalda trabajando para ganarse el pan diario y llevar el sustento a sus casas y se da cuenta que esta gente lo que hace es ganar dinero de forma inmoral”.

Respecto al proceso judicial contra Efraín Ríos Montt, menciona que  desde que Claudia Paz y Paz está al frente del Ministerio Público, Guatemala se polarizó como no se había polarizado ni siquiera en la época del conflicto armado interno.

Agrega: “Lo que yo he hecho por medio de las publicaciones de la Fundación contra el Terrorismo y por medio de mis columnas de opinión, es simple y sencillamente decir la verdad”.

El presidente de Fundación menciona que se hace responsable por esas publicaciones y “no me da la más mínima pena porque estoy diciendo la verdad nada más”.

Además, explica que lo que hacen “es utilizar precisamente lo que los terroristas han escrito para armar nuestras publicaciones y después simplemente hacemos algún comentario. Con esto logramos ponerlos a ellos en evidencia por medio de lo que ellos mismos han escrito. Eso no nos lo inventamos nosotros”.

Ayer, miembros de organizaciones sociales denunciaron ante el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), la Asociación de Familiares de Militares y Amigos de Militares (Familia) y a la Fundación contra el Terrorismo por presuntas campañas de desinformación, estigmatización y criminalización de defensores de derechos humanos.