Rigoberta Menchú inició un proceso penal en contra del fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado 12 de diciembre de 2007, el cual deja sin competencia a la Audiencia Nacional de España (ANE) para investigar los crímenes de genocidio cometidos en Guatemala durante el conflicto armado interno.
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Acompañada por la prensa nacional e internacional y activistas de organizaciones sociales, Menchú presentó la denuncia en el Centro de Gestión Penal del Organismo Judicial, indicando que esperaría una respuesta pronta de las autoridades para iniciar el proceso.
La denuncia señala que la resolución de la CC es discriminatoria, ya que no reconoce que la mayoría de las víctimas del conflicto armado interno fueron indígenas. Asimismo indica que los documentos fueron malinterpretados de manera consciente por el pleno de magistrados para dejar sin efecto la causa 331-99 de la ANE, que permite su intervención en las investigaciones en los casos de genocidio.
«(La resolución) viola los derechos internacionales y compromisos que tiene Guatemala ante la Comunidad Internacional, niega el derecho de todos los guatemaltecos a la justicia y perpetúa la impunidad», indicó Menchú.
En la PDH
La premio Nobel se reunió previamente con el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, a quien solicitó su intervención en las investigaciones para determinar cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los magistrados de la CC a emitir el fallo.
La petición fue bien recibida por Morales, quien garantizó la participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en las investigaciones, y aseguró que «se hará todo lo posible para proteger los derechos de las víctimas de la violencia de Estado y a sus familiares».
Benito Morales, asesor legal de la Fundación Rigoberta Menchú, asegura que el proceso penal es procedente, ya que la resolución viola los derechos humanos fundamentales de las víctimas, en tanto que se niega su derecho a la justicia y limita el esclarecimiento histórico.
Con apoyo
Las organizaciones sociales expresaron su beneplácito por las acciones realizadas por Menchú para exigir el esclarecimiento de los hechos de violencia que ocurrieron durante la guerra civil en el país y de los cuales se acusa al Estado de Guatemala como principal violador de los derechos humanos.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reconoció positiva la actitud de los demandantes y de la Audiencia Nacional de España que decidió continuar con el proceso con independencia de las autoridades guatemaltecas.
En Guatemala, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos se sumó al pronunciamiento de la FIDH para solicitar a los perjudicados, víctimas y testigos de los crímenes que entreguen al juzgado español todas las pruebas que posean para juzgar a los responsables.