«Ha cesado el peligro, pero siempre está latente la amenaza», advirtió Zelaya en conferencia de prensa.
«Estoy electo por cuatro años. A mí nadie me puede sacar de aquí, sólo Dios y el pueblo», dijo el presidente, visiblemente cansado, tocado con sombrero y guayabera blancos.
El mandatario inició ayer la distribución de material para realizar una consulta mañana que aspira a abrir el camino a su reelección presidencial.
Zelaya sigue firme en su decisión de realizar la encuesta mañana. Ayer dijo en cadena de radio y televisión que comenzaba la distribución del material para desarrollar la encuesta -foco del conflicto-, pese a la oposición de las principales fuerzas políticas e instituciones democráticas del país.
El Presidente anunció que las urnas para la consulta permanecerán abiertas entre las 07:00 y las 16:00 horas locales de mañana.
El mandatario quiere saber si cuenta con la luz verde de los ciudadanos para instalar una cuarta urna durante las elecciones del 29 de noviembre, en la que se consultaría establecer una asamblea que redacte una nueva Constitución que permita la reelección presidencial o amplíe el periodo de gobierno.
Esta iniciativa del Presidente fue declarada «ilegal» por el Tribunal Supremo de Elecciones, el Congreso y la Fiscalía. A ella se oponen también los militares, a cuya cúpula destituyó el miércoles el Presidente, y la Iglesia Católica, entre otros.
Zelaya dijo a los militares que le deben «obediencia», y por el momento se reservó aclarar cuál será el futuro del general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto al que dejó cesante por no acatar sus órdenes de repartir el material para la consulta, amparándose en la decisión judicial que la declaró ilegal.
«Yo no he sustituido al General. No me he propuesto nombrar a nadie», afirmó el mandatario, aunque después matizó que lo hará «cuando lo considere oportuno».
El Congreso Nacional -con respaldo de las cuatro bancadas- decidió establecer el jueves una comisión especial para investigar al Presidente, a quien los diputados le atribuyen 18 delitos, incluidos sedición y traición a la patria si lleva a cabo la encuesta.
Varias fuentes confirmaron que en esa sesión extraordinaria se barajó la posibilidad de inhabilitar a Zelaya y que el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, asumiera la Presidencia.
«Hemos hecho los esfuerzos para no romper el orden constitucional y evitar un golpe de Estado», reconoció después Micheletti.
«Las dos bancadas de los partidos Liberal (oficialista) y Nacional (opositor) estaban decididas a declarar inhabilitado al Presidente, pero recibieron llamadas no sé de quién y desistieron. Pero ése era el plan», afirmó la diputada del izquierdista partido Unificación Democrática (UD), Doris Gutiérrez.
El jueves, tras conocer la decisión del resto de los poderes del Estado, Zelaya -en abierto desafío- forzó junto a centenares de seguidores los portones de la base aérea donde se encontraba depositado el material electoral, que había llegado de Venezuela.
La comunidad internacional, con la OEA a la cabeza, hizo un llamado a respetar el estado de Derecho en Honduras y a conformar una misión a ese país que busque un «diálogo nacional amplio».
Por su parte, el portavoz del Departamento norteamericano de Estado, Philip Crowley, dijo que Washington está preocupado ante la crisis política hondureña y urge a todas las partes a buscar una salida consensuada.
«Estamos preocupados por la ruptura del diálogo político entre las fuerzas políticas en Honduras sobre la consulta de reforma constitucional», declaró en rueda de prensa el portavoz.
Zelaya ha recibido asimismo el respaldo de los miembros del ALBA (una alianza política de varios países), con el presidente venezolano Hugo Chávez y del líder cubano Fidel Castro a la cabeza, y también de diversos grupos de izquierda latinoamericanos.
En Honduras prevalece una situación «tensa» y existe el riesgo de un golpe de Estado, advirtió ayer el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en una entrevista con un diario mexicano.
En Honduras «se da el riesgo de un golpe militar, entre otras cosas porque los militares no parecen dispuestos a ninguna actividad de este tipo», dijo Insulza al diario El Universal al referirse a la negativa del Ejército hondureño de acatar la orden del presidente Manuel Zelaya de repartir material para una consulta que promueve el mandatario.
Insulza realiza una visita de trabajo a México y en el marco de ésta se reunió con la canciller mexicana Patricia Espinosa, con la que abordó temas regionales, entre ellos la situación que prevalece en Honduras, informó la cancillería mexicana.
Durante el encuentro, Espinosa e Insulza «se refirieron en particular a la situación que impera en la República de Honduras, que motivó la convocatoria de dicho país a una sesión del Consejo Permanente de la OEA que tuvo lugar esta mañana en Washington», señaló la cancillería en un comunicado.
Honduras atraviesa una crisis de poderes tras la intención del presidente de impulsar una reforma constitucional que permitiría su reelección, pero la iniciativa es considerada ilegal por el Tribunal Supremo de Elecciones, el Congreso y la Fiscalía.
«Anoche hablé con el presidente Zelaya por teléfono y tengo la impresión de que todavía estamos en una situación más bien tensa y que yo espero que se vaya aclarando con los días», dijo Insulza a la prensa.
El diplomático llamó a los poderes de Honduras a «fomentar un acuerdo» a fin de que se alcance «una reforma que se estime conveniente de manera mucho más consensual» y propuso enviar una misión de la OEA para fungir como mediador de un eventual diálogo.
«Lo que nosotros podemos hacer es enviar una misión a Honduras para promover un diálogo institucional y primero que las Fuerzas Armadas sean excluidas completamente de este asunto, además al parecer no quieren intervenir», añadió Insulza.