Sin ser excepción, finalizamos el 2009 con el esperado anuncio presidencial sobre la fijación del salario mínimo que regirá para el siguiente año. El presidente, ílvaro Colom, nuevamente cumplió con dejar insatisfechos a empleados y empleadores en una salida metodológica que nunca obtendrá satisfacción para las partes.
Pero el salario mínimo se ha convertido en un tema de reflejo situacional en materia económica. Ante un año de crisis, los argumentos empresariales se basan en la falta de capacidad de dar el ajuste a las familias. La pregunta es ¿A quién le afecta más la crisis? ¿A quien la evalúa por utilidades o a quien sobrevive con 56 quetzales al día junto a su familia? Y si la crisis es tan importante para no pagar el aumento, ¿las épocas de bonanza han servido para dar un salto significativo en los ingresos de los empleados? Obviamente, la respuesta es no.
Igualmente, el argumento de la competitividad con otros países termina siendo tan insostenible como pedir la nacionalización de algunas empresas. Si fuera real, lo adecuado sería presentar un proyecto de ley para solicitar el restablecimiento de la esclavitud no solapada, en la que se «compre» mano de obra una sola vez y, seguramente, lograríamos estar por debajo de los «costos» de todos los demás países. Pero, ¿sería justo?
El clamor de todos los sectores en Guatemala es por una nación segura, próspera y que encuentre el camino del desarrollo. Ahora, si esto no es más que un alegato políticamente correcto pero lleno de hipocresía, se debe de enderezar el esfuerzo hacia la transformación de esa misma sociedad que hoy no es más que una fábrica de división, injusticia y rencores.
Mientras para definir el salario mínimo se siga dependiendo de comisiones paritarias, el resultado político seguirá siendo el de un presidente teniendo que asumir el «costo político» de otorgar o no el aumento. El procedimiento, evidentemente, debe cambiarse.
Un procedimiento técnico es el adecuado, por medio de utilización de indicadores económicos foráneos, indicadores locales y, principalmente, apegado al diseño del Estado que tenemos planificado obtener. El principal problema es, entonces, definir qué tipo de país ansiamos.
A esa Guatemala a la que se llegue a consenso, se le debe poner el costo que como Estado debemos asumir todos los actores de la sociedad y, en base a ello, empezar la ardua tarea de construir el país que finalmente nos haga sentir orgullosos de heredarlo a nuestros hijos. Mientras tanto, lo «políticamente correcto», el «costo político» de la decisión y las discusiones sobre un salario mínimo, no significa que otorguen un salario justo.