La sorpresa de la postuladora que eligió la lista de seis candidatos a Fiscal General, de dejar fuera a la doctora Paz y Paz evidenció una regla de naturaleza política que ya había sido ejecutada durante la última elección a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones. La pantomima de la calificación y hacerla pública, no armoniza una elección en donde en teoría los mejores hombres y mujeres deben ser electos. La realidad hace prevalecer intereses sectoriales, politizados y oscuros que en esta ocasión fue más descarado.

En principio se ha mantenido la idea que la actual Fiscal General no es la única buena opción para seguir un nuevo período en el Ministerio Público. Se le reconocen las fortalezas que logró en una Institución difícil de manejar, desde su administración hasta el modelo de investigación y acusación penal, que debe imponer no sólo excelencia sino mucha honradez. Esa lucha y sus resultados, aunque no eran perfectos, le daban al menos el mérito de estar en la lista definitiva. También se conocieron debilidades que su administración tuvo, inclusive reconocidas por ella misma, especialmente en cuanto a los sistemas lentos y sin control en el interior de la República, o bien el fortalecimiento de la Fiscalía contra la corrupción. Sin embargo, el balance era positivo y prueba de ello es que su afinidad con la comunidad internacional y algunos grupos de activistas de derechos humanos se hicieron sentir en los medios de comunicación y las redes sociales.

Ajeno a ello, el Presidente tiene la obligación de escoger entre los seis candidatos a la mejor persona para ocupar el puesto, no sólo profesional, sino humanamente, para que los resultados que se le requieran no puedan ser menos que los que la actual Fiscal General deja. Su legado es reconocido y debe sentirse satisfecha por ello, conjuntamente con su equipo de trabajo más cercano.

Lo lamentable en todo el proceso y que abre espacio a los demás procesos que se avecinan (Organismo Judicial, Contralor General de Cuentas, Corte de Constitucionalidad) es que, la postuladora procedió a calificar y entrevistar a los candidatos, inclusive a someterlos a pruebas psicométricas, anunciando con bombos y platillos que el proceso era transparente, pero al momento de seleccionar a la personas, la lógica de los mejores punteados que no tuvieran tachas válidas se desvirtuó, y el engaño se configura con las agendas propias de quienes manipularon a los comisionados, ya sea para bien o para mal, pero al fin influenciados en el voto de ciertos candidatos, con o sin méritos suficientes para ser electos.

La sociedad entonces ya cayó en el engaño, y de aquí en adelante se entiende que el sistema de Comisiones de Postulación es perverso e inútil para darle transparencia, aunque cuente inclusive con veeduría social y presión de comunidad internacional.

Y el afán por hacerse de las cuotas de poder es tal que ha corrompido a la Academia, a la que se le involucró conjuntamente con los colegios profesionales para dotarle supuestamente de esa honorabilidad que estaba ausente. Pero a la luz de los hechos, cabe preguntarse si no es mejor abstenerse de participar en los procesos, pues sin importar los méritos que se tengan, habrán otros(as) que por intereses o conectes, logren ser electos.

El adagio de “los mejores hombres y mujeres” no siempre se alcanza, al menos con este sistema.