Un tribunal de Turín juzga a partir de mañana a ex ejecutivos de la multinacional Eternit, acusados de haber provocado la muerte de 2 mil personas por el uso ilegal de amianto en sus materiales de construcción, en un megajuicio largamente esperado por las familias de las víctimas.
El ex propietario del grupo, el multimillonario suizo Stephan Schmidheiny y el ex dirigente belga Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne, serán juzgados por haber provocado de modo intencional una catástrofe y haber violado las reglas de seguridad en las fábricas.
Es el mayor juicio organizado hasta ahora por el amianto, un mineral fibroso -del que el asbesto es una variante de fibras más duras- que organismos médicos internacionales acusan de provocar cáncer con una elevada mortalidad.
Desde hace décadas se ha prohibido su uso en todos los países desarrollados, aunque sigue siendo utilizado en algunos países en vías de desarrollo.
Los dos dirigentes fueron acusados de haber provocado la muerte de 2 mil personas y la enfermedad a otras 800, todos empleados o habitantes de Casale Monferrato y Cavagnolo (en la región de Turín, norte), Rubiera (norte) y Bagnoli (sur), ciudades en donde el grupo tenía sus fábricas.
La filial italiana de Eternit quebró en 1986, seis años antes de que el amianto fuera prohibido.
Los dos dirigentes corren el riesgo de ser condenados a penas que van de 3 a 12 años de cárcel y a pagar millonarias indemnizaciones a los familiares de las víctimas.
El Estado italiano deberá comparecer ante los jueces para dar cuenta de su responsabilidad civil.
Tanto para los familiares de las víctimas así como para los enfermos por el amianto, este juicio representa una victoria.
«Hay gente que lucha desde hace 20 años por un juicio. Mucha gente ha muerto esperándolo, inclusive personas que no trabajaban en Eternit», contó a la AFP Elisabetta Dorato, habitante de Casale Monferrato, la localidad más afectada con 1 mil 500 muertos, quien perdió a la madre y a la tía.
«Si seguía funcionando otros 30 años hubiéramos muerto todos», asegura al referirse al tiempo de incubación del mesotelioma, un cáncer de pulmón que es una de las enfermedades graves que produce la exposición al amianto.
«Tienen que pagar y lucharé por ello hasta donde pueda», clama, tras denunciar «la astucia» de Schmidheiny al proponer indemnizar a las víctimas a cambio de que renuncien al juicio.
Después de cinco años de investigaciones, el fiscal adjunto Raffaele Guariniello responsabilizó a los mayores dirigentes de la multinacional.
«Hemos establecido que los dos acusados tenían el poder real de decidir las condiciones de seguridad de las fábricas italianas», explicó.
«No había alguna precaución para evitar la exposición de los empleados», denunció Bruno Pesce, coordinador de la asociación de víctimas de Casale Monferrato. «Las máscaras que distribuían eran ineficaces», recordó.
Además de obtener justicia, las víctimas esperan que se convierta en un juicio emblemático.
«Es una operación en favor de la verdad, para que se conozca, y que debe contribuir a la lucha internacional contra el amianto, porque en países como China e India se emplea en proporciones locas, tal como lo hizo Italia», subraya Pesce.
La asociación francesa de víctimas del amianto espera que el juicio de Turín sirva de ejemplo para que se celebre uno en Francia tras la apertura de investigación de un ex dirigente de Eternit en ese país.