Gabriel Medrano Valenzuela, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Organismo Judicial (OJ), dijo que el carácter vitalicio de los jueces debe ser una aspiración dentro del sistema de justicia de Guatemala.

“Creo que si debe llegarse a eso en el futuro, una vez se tengan las premisas fundamentales para ello”, respondió al ser indagado en relación a las declaraciones de Francisco Dall’Anese, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),  quien refiere que para  fortalecer la independencia de los jueces, uno de los principales pasos es garantizar el carácter vitalicio e inamovilidad de los administradores de justicia.

La Ley de la Carrera Judicial, en el artículo 3, establece que los jueces y magistrados ejercerán sus funciones de forma permanente e inamovible, hasta que cesen en las mismas con arreglo a lo que dispone la Constitución Política de la República y la misma ley.

“Los jueces de primera instancia y los magistrados, cualquiera que sea su categoría o grado, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente nombrados o reelectos, según corresponda”, indica el segundo párrafo del artículo.

UN PRESUPUESTO ADECUADO
De acuerdo con el magistrado Medrano Valenzuela, un presupuesto adecuado a las necesidades el Organismo Judicial (OJ), le permitiría a la entidad dar remuneraciones adecuadas y planes de retiro para los jueces.

Medrano también refirió que dentro de las premisas que permitirían que este sistema funcionara en el país, debe haber un fortalecimiento del poder disciplinario del OJ y sobre todo la implementación de una verdadera carrera judicial.

ENTE DISCIPLINADOR
Actualmente le corresponde a la Junta de Disciplina Judicial (JDJ) el conocimiento y ejercicio de la función y acciones disciplinarias y correctivas previstas en la Ley de la Carrera Judicial y su reglamento. Mientras que la tarea de evaluación de desempeño del cargo de los jueces y magistrados, está a cargo del Consejo de la Carrera Judicial.

No obstante, Medrano manifestó que la función de ambas es débil, por lo indicó que es necesario su fortalecimiento.

Sus declaraciones coinciden con las que Javier Monterroso, asesor del Ministerio Público dio ayer a La Hora, donde manifestó que el principal problema de ambas instituciones, es un deficiente marco normativo, “porque tanto la Ley del Organismo Judicial, como la Ley Orgánica del MP, presentan dificultades fuertes para poder remover a funcionarios que se merecen ya no trabajar en las instituciones”.
El Comisionado Dall´Anese ha manifestado que para fortalecer el sistema judicial debe existir: Independencia judicial, inamovilidad de jueces, carrera judicial y  un régimen disciplinario que sirva como contrapeso para que haya una depuración de quienes actúen contrario a Derecho.

EN NOVIEMBRE
En tanto, la segunda semana de noviembre la CICIG presentara ante el Ministerio Público (MP), el informe “Los Jueces de la Impunidad”.

Diego Álvarez, vocero de la Comisión, indicó que para esa fecha la entidad dará a conocer el documento que contiene los nombres de por lo menos 12 jueces del ramo penal, que habrían incurrido en el delito de prevaricato.

Según información de la Asociación de Jueces y Magistrados del OJ (AJMOJ) en la actualidad  hay 923 togados desempeñándose como jueces en toda la República.