La incautación de dos televisoras que pertenecían a ex banqueros prófugos fue rechazada hoy por periodistas críticos y gremios, que la tacharon como un atentado del gobierno contra la Prensa para acallar a sus adversarios de cara al próximo referendo constitucional.
«Estamos viviendo circunstancias similares a las que han vivido medios de comunicación en otros países», expresó Fernando Aguayo, periodista de Cable Noticias, una de las filiales de TC Televisión que junto a Gamavisión fue embargada por orden de la estatal Agencia de Garantías de Depósitos (AGD).
La entidad justificó la medida dentro del proceso de embargo de 195 bienes de los hermanos William y Roberto Isaías, que huyeron a Estados Unidos en 1998 tras la quiebra de Filanbanco por deudas de 661 millones de dólares.
«Lo que se quiere es acallar las voces de quienes pensamos diferente», señaló Aguayo, enfatizando en que se trata de «un atentado contra la libertad de prensa y las libertades en un Estado que se dice de Derecho, pero que no lo es».
El subdirector del diario El Universo, Emilio Palacio, dijo a su vez que «es una medida totalmente arbitraria porque la toma el gobierno cuando va a iniciar una campaña electoral en la que necesita desesperadamente, para que su proyecto subsista, amordazar a los medios que puedan dar cabida a voces críticas».
«Me parece una de las barbaridades más grandes que se ha visto en la historia de Ecuador», añadió el columnista, quien fuera expulsado de la casa de gobierno durante una entrevista con el mandatario Rafael Correa.
Asimismo, las autoridades clausuraron Radio Sucre, con sede en Guayaquil (suroeste), aduciendo irregularidades en el uso de la frecuencia.
Entretanto, el presidente de Gamavisión, ílvaro Dassum, también consideró injustificada la expropiación de su canal, cuyas instalaciones fueron ocupadas por la Policía por disposición de la AGD, al igual que las de TC.
«Es un atentado contra la libertad de expresión», agregó el directivo, anotando que la AGD «llegó con un piquete de policías, ingresó a la fuerza y dejó a una persona encargada (…) está violando los derechos de la gente».
La AGD aseguró que actuó con estricto apego a la ley y negó que la resolución obedezca a aspectos coyunturales como el período preelectoral para el referendo constitucional de septiembre.
«No se trata de una persecución a los medios de comunicación», declaró el gerente de la entidad de control financiero, Carlos Bravo.
Directivos de TC aseguraron que el canal es de propiedad de Estéfano Isaías, hermano de los ex banqueros acusados de malversación, por lo cual la empresa nada tiene que ver con las deudas que acumuló Filanbanco.
En esa misma línea Nicolás Vega, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y gerente de Gamavisión, negó que ese medio tuviera asuntos pendientes con la AGD.
«Se empieza a configurar lo que veníamos denunciando desde hace tiempo, de que la libertad de expresión en el país está en peligro», agregó el líder gremial.
Los ecuatorianos irán a las urnas a finales de septiembre para votar en la consulta sobre la nueva Constitución, que habilita la reelección inmediata de Correa y prohíbe a los banqueros tener medios de comunicación.