Es necesario un manejo responsable y ordenado de las finanzas públicas; pero antes se hace imprescindible acabar con los monopolios, productores y comercializadores, pues en lugar de ayudar a pasar mejor esta crisis, nos pueden ahorcar.
Según la teoría, la política fiscal es un instrumento con propósitos de estabilización y desarrollo económico, puesto que, cuando las condiciones económicas provocan una reducción de la inversión privada, el Estado debe tomar mayor partido en la economía a través de ese instrumento, invirtiendo en infraestructura y desarrollo; y cuando aquella ha inducido la inversión privada, el Estado puede dejar de participar.
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Considerando que la política fiscal es un instrumento con el objetivo de generar desarrollo económico, entonces, siempre debió participar de forma activa en las economías, cosa que se ha comprobado varias veces en los últimos meses.
Por ahora en nuestro país, muchos son los que defienden que el Estado guatemalteco debe tener una política fiscal que incida en la creación de empleos, de manera que no aumente impuestos, sino que, a través de déficit, financiado por deuda pública, pueda conseguir ese objetivo.
Y no hay nada de malo en que los Estados aprovechen el crédito del que puedan ser sujetos, pues es necesario hacer frente a situaciones económicas complejas como la presente.
La disyuntiva que se presenta para el caso de Guatemala al momento de los análisis, sobre cómo y para dónde destinar la inversión, es que ésta puede no llegar en la magnitud que se prevé, o ni siquiera llegar, porque tendría que sortear un camino lleno de zancadillas y trabas para conseguir su objetivo; pues la corrupción acampa en el Estado.
Para que una política fiscal se oriente a contener crisis, se hace necesario que la deuda que se adquiera sea destinada a inversión. Porque si el gasto es utilizado en funcionamiento, sería como caminar en círculo, y por ende, retroceder en el desarrollo.
El gran problema de Guatemala es que nunca hay consenso, y si existe algún diálogo es para llegar a componendas entre sectores mezquinos de nuestra sociedad, ya sea para acaparar buena parte de los presupuestos de Estado, o para hacerse de grandes privilegios en relación a los impuestos.
Es preocupante llegar a estas conclusiones, pues en pleno siglo XXI aun encontramos prácticas económicas que se desvanecieron hace buen rato en economías desarrolladas.
Es necesario un manejo responsable y ordenado de las finanzas públicas; pero antes se hace imprescindible acabar con los monopolios, productores y comercializadores, pues en lugar de ayudar a pasar mejor esta crisis, nos pueden ahorcar.
Eso sólo se logra acabando con los privilegios, que nadie tendría que tener, pues todos conformamos un mismo Estado; y si alguien los ha tenido y los sigue aprovechando, es que con alguien se entiende.