Las medidas de protección, que son otorgadas por los distintos juzgados a nivel nacional, no son funcionales para las mujeres que sufren violencia femicida por parte de sus parejas; representantas de organizaciones de mujeres consideran que el Estado debe optimizar el seguimiento de ese recurso, así como sancionar severamente a los operadores que no cumplan con sus obligaciones.
Durante el Seminario/Debate «Antes de que Suceda», donde se abordan temas relacionados con las medidas de prevención y protección contra el femicidio en la región mesoamericana, las participantes aseguraron que es necesario que los Estados evalúen cuáles son las causas que impiden hacer funcionales las medidas de seguridad para la población femenina.
Uno de los principales problemas en la región es que las medidas se otorgan en función del agresor; los jueces se basan en las características que presentan los violentadores y usualmente se preocupan sólo en conocer las historias de ellos, enfatizó Carmen López, de Convergencia Cívico Política de Mujeres (CCPM), de Guatemala.
En ese país, las mujeres a quienes les fueron otorgadas medidas, permanecen en un estado permanente de vulnerabilidad, ya que no existen mecanismos específicos para brindarles seguridad integral; los jueces no informan a la policía sobre el recurso, son ellas mismas quienes al verse en peligro acuden a las comisarías, indicó López.
Esas situaciones son similares en el resto de países de Centroamérica y en México; las medidas no son funcionales y no garantizan la vida de las mujeres que se encuentran en constante situación de amenaza ante parejas violentas y misóginas, destacaron las participantes del debate.
Yolanda ívila, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), expresó que los Estados aún no han tomado conciencia de las consecuencias culturales y económicas que conlleva para los países, la permisibilidad de ese tipo de crímenes.
Hay sectores en Guatemala que han abordado la temática, pero han obtenido pocos resultados; es necesario girar la mirada hacia los operadores de justicia, quienes son los encargados de dar seguimiento al cumplimiento de esas medidas, añadieron las feministas mesoamericanas.
María Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, de México, dijo que es un tema de impunidad y debilidad institucionales; si los sistemas de justicia continúan indiferentes a la situación, los niveles de impunidad, en el ámbito de género, seguirán en aumento.
Finalmente, las participantes enfatizaron que muchas mujeres que recibieron medidas de seguridad fueron asesinadas por sus parejas o sus convivientes; El Salvador y Guatemala, son los países que registran el mayor número de mujeres muertas en dichos contextos.
El evento se desarrolla en la ciudad de Antigua Guatemala en el marco de la Campaña por el Acceso a la Justicia, que implementan organizaciones de mujeres en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.