El Senado italiano votó hoy una serie de medidas controvertidas destinadas a luchar contra la inmigración clandestina en el país, y las convirtió en definitivas tras una anterior votación de los diputados el 15 de julio.
El texto fue aprobado por 161 votos mientras que 120 senadores votaron en contra, y ocho se abstuvieron, según la web de la cámara alta.
La adopción de medidas más represivas contra la inmigración clandestina era una de las prioridades del nuevo gobierno de Silvio Berlusconi, que volvió al poder a mediados de mayo, con la victoria de la derecha en las elecciones legislativas de abril.
La nueva ley ha sido denunciada por la izquierda, asociaciones católicas, asociaciones de defensa de los derechos humanos, y ha sido igualmente criticada por las instancias europeas.
La ley prevé especialmente la creación de un delito de inmigración clandestina castigado con penas de seis meses a cuatro años de prisión y el endurecimiento de un tercio de las penas previstas en caso de condena de un inmigrante ilegal.
Asimismo, se facilitarán las expulsiones para los extranjeros en situación irregular y se aplicarán penas de seis meses a tres años para los propietarios que alquilen viviendas a los clandestinos.
La presidenta de los senadores del Partido Demócrata (PD, centro-izquierda), Anna Finocchiaro, estimó que el endurecimiento de las penas para los clandestinos era anticonstitucional ya que vulnera el «principio de igualdad» de los ciudadanos inscrito en la Constitución.
La duración de la estadía en los centros de retención también podría prolongarse de dos a 18 meses, según una nueva disposición de la «directiva de regreso» recientemente adoptada por la Unión Europea.
La ley también contiene medidas más severas para luchar contra la criminalidad, atendiendo a la promesa de garantizar una mayor seguridad formulada por la derecha, que explotó los delitos cometidos por los extranjeros durante su campaña electoral.
El texto incluye además una disposición para suspender durante un máximo de 18 meses los juicios por infracciones pasibles de menos de tres años de cárcel y cometidas hasta el 2 de mayo de 2006.
Esta enmienda, que durante su primera redacción desató una gran polémica entre los magistrados ya que suspendía decenas de miles de procesos, fue finalmente edulcorada.
El texto inicial preveía aplazar un año todos los juicios sobre hechos pasibles de menos de 10 años de cárcel cometidos hasta el 30 de junio de 2002, incluido un juicio en curso en Milán por corrupción contra Berlusconi y su ex abogado británico David Mills.
Pero inmediatamente después del voto de los diputados a favor de una ley que garantiza la inmunidad judicial a Berlusconi, el gobierno accedió a modificarla.
La ley sobre inmunidad penal de los cuatro máximos responsables del Estado italiano, incluido el jefe de gobierno, durante la duración de sus mandatos, fue votada definitivamente ayer por los senadores. El texto permite la suspensión del juicio de Milán contra Berlusconi.