Hoy, un grupo de periodistas se concentró ante las puertas de la Fiscalía general en Caracas para protestar por la presentación de un anteproyecto de ley sobre delitos mediáticos que prevé penas de cárcel para quien la infrinja.
«Somos periodistas, no delincuentes», clamaron los manifestantes.
La salida del aire de 32 emisoras de radio y dos televisoras locales sumada a la incubación de esta nueva normativa que afectará al oficio diario del periodismo ha encendido además la luz de alerta internacional.
Numerosas organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y Reporteros Sin Fronteras han expresado su descontento y preocupación ante el panorama del periodismo en el país.
Para el gobierno, hay una campaña internacional contra Venezuela que busca «satanizar» a Chávez y al proceso político en curso.
Las emisoras clausuradas forman parte de una lista de casi 300 radios y televisiones locales que, según Conatel, ente regulador de las telecomunicaciones, usaban ilegalmente su concesión, atribuida por el Estado.
Dentro de Venezuela, dirigentes políticos de oposición criticaron estas medidas y consideraron que «la cacería de medios» ha comenzado.
«Ha empezado la cacería de brujas para que el gobierno pueda mantener una hegemonía comunicacional y controlar las líneas editoriales de los medios», explicó el gobernador del estado de Zulia (oeste), Pablo Pérez.
Dentro del gobierno, el apoyo a la salida del aire de estas radios es unánime. Sin embargo, la futura ley de delitos mediáticos parece provocar una mayor prudencia.
«Tal y como está presentada yo no la votaría», afirmó el periodista y diputado oficialista Earle Herrera, miembro de la comisión de Medios de la Asamblea Nacional.
Esta comisión de parlamentarios se reúne este martes para comenzar a estudiar, completar y modificar el documento presentado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
No hay por ahora una fecha prevista para que este proyecto de ley se presente en la plenaria de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.
Según informaron diputados a la AFP, es probable que antes de que se celebre una primera lectura, el texto se presente y se explique a los ciudadanos para medir la aprobación que despierta entre los venezolanos, como ya se hizo con otras leyes.
Portavoces del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, en el poder) dieron su apoyo a este anteproyecto de ley, porque ayudará a «regular todo aquello que lesione la tranquilidad y la estabilidad».
«Si una ley así sale, espero que nunca tengamos que aplicarla», confió el diputado Carlos Escarrá.
Los acontecimientos de los últimos días han enrarecido el ambiente y avivado la palpable polarización de la sociedad venezolana.
El lunes en la tarde, un grupo de más de 30 personas armadas lanzaron bombas lacrimógenas en la sede de la televisión Globovisión, muy crítica con el gobierno y amenazada de cierre. Una agente de la policía y un guardia de seguridad resultaron heridos en ese episodio, inmediatamente condenado por el gobierno.
En Puerto La Cruz, al este del país, más de 10 personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre adeptos y detractores del gobierno durante una manifestación de apoyo a la emisora Orbita FM 107.5, una de las 32 que fue sacada del aire el pasado fin de semana.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó hoy que el gobierno venezolano de Hugo Chávez avanza sobre los medios independientes con cierres de radios, ataques a televisoras y una serie de medidas que buscan hacer «desaparecer» a la prensa crítica.
La SIP pidió que los gobiernos democráticos de la región se expidan sobre la situación de la prensa en Venezuela, abandonen «un exceso de prudencia diplomática» y reprueben los hechos ocurridos en los últimos días contra medios considerados opositores al gobierno.
«Hay un exceso de prudencia diplomática de los gobiernos de la región, que han sido demasiado cautelosos ante esta situación», dijo el colombiano Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP.
«Chávez quiere (hacer) desaparecer a la prensa crítica y acallar todas las voces opositoras en una muestra del carácter totalitario de su régimen», dijo Calderón, e indicó que la SIP está llamando «a la opinión pública de los países y a las organizaciones» a movilizarse contra estos hechos.
La entidad, con sede en Miami, condenó la violencia desatada el lunes contra la televisora venezolana Globovisión en Caracas luego de que un grupo de 30 personas ingresara a las instalaciones tras apuntar con armas de fuego a los vigilantes e hiciera detonar bombas de gases.
«Estamos muy preocupados de que Globovision pueda tener los días contados», dijo Calderón.
Globovisión enfrenta cinco procesos administrativos que podrían derivar en el cierre definitivo de sus operaciones.
Las reacciones de repudio contra los ataques a la prensa en Venezuela se muultiplicaron a partir del último fin de semana cuando Conatel, órgano encargado de las telecomunicaciones, sacó del aire a 34 emisoras de radio y TV y advirtió a otras 200 de que también podrían perder sus licencias.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó en Nueva York la escalada de ataques contra la prensa venezolana y pidió que se permita a los medios independientes trabajar con libertad.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó el «deterioro» de la libertad de información en Venezuela.
«En los últimos días la Comisión ha conocido nuevos hechos que profundizan el deterioro de la situación, tales como el cierre de 34 radioemisoras, el ataque al canal Globovisión y la presentación de un proyecto de ley que busca imponer nuevas restricciones a la libertad de expresión», señaló la entidad.
El proyecto de ley del gobierno, que ha suscitado condenas en América Latina y Estados Unidos, incorpora los «delitos mediáticos» y prevé, entre otras, penas de hasta cuatro años de prisión para «las personas que se nieguen a informar sobre hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información».
El director de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió el lunes que la comunidad internacional es «tremendamente impotente» ante las medidas «restrictivas» implementadas por el gobierno venezolano contra los medios de comunicación.
«La comunidad internacional es tremendamente impotente en relación con Venezuela», dijo Vivanco, quien se mostró preocupado por las medidas aplicadas por el gobierno venezolano para «penalizar algunas expresiones que no le gustan» y «por los niveles de censura y autocensura que están creciendo por los ataques a los medios».