Resulta interesante el relato de las penurias que han vivido vecinos que habitan colonias cercanas a la sede central de la Universidad Rafael Landívar, publicado por el columnista Hugo Maul, quien forma parte de los afectados que se vieron forzados a tomar medidas de hecho, bloqueando el paso de vehículos, para que su problema fuera tomado en cuenta.

Y es que en esta ocasión se trata de vecinos de colonias residenciales que han tenido oportunidad de plantear sus reclamos ante quienes les provocan serios daños, en este caso acusan a autoridades de la Universidad Rafael Landívar, y a las autoridades competentes, tanto municipales como nacionales, sin que se ponga solución a sus reclamos que parecieran, escuchando únicamente la versión del columnista Maul, totalmente justificados.
 
 El bloqueo de calles y avenidas que impide el paso a terceras personas que no tienen nada que ver con un conflicto ha sido severamente criticado por comprometer y afectar el derecho a la libre locomoción. Generalmente han sido grupos campesinos, de trabajadores o ambientalistas quienes han usado las medidas de hecho para llamar la atención sobre sus reclamos, y la opinión pública urbana y especialmente el sector empresarial han condenado esas acciones y han llegado a presentar amparos para que los tribunales garanticen a todos los ciudadanos el derecho constitucional a la libre locomoción.
 
 En este caso no son grupos de esa naturaleza los que manifiestan, sino se trata de amas de casa, de profesionales y empresarios que viven en un sector residencial afectado por el crecimiento explosivo que ha tenido una universidad privada que les ha complicado la vida seriamente. Las autoridades universitarias sostienen que el campus de la Universidad Landívar es más antiguo que muchas de esas colonias que se formaron, precisamente, dada la plusvalía que el centro de estudios superiores dio a las tierras de los alrededores.
 
 El caso, sin embargo, es que vivimos en un país donde las medidas de derecho no siempre funcionan para dirimir conflictos y por ello los pobladores se ven obligados a tomar medidas de hecho que hagan visible determinada problemática a fin de buscar soluciones. Leyendo hoy al señor Maul, explicando en un último y muy extenso párrafo lo que significa la falta de diálogo, el irrespeto a las demandas populares, la indolencia de las autoridades respectivas, la descalificación que hacen quienes no comparten las ideas de los que protestan y la criminalización de las mismas, uno pensaría que se trata de un activista agrario, sindical o ambiental, pero lo que dice él se aplica a prácticamente todos los conflictos latentes en el país que no se resuelven por las razones que apunta el columnista.

Minutero:
Políticos se han hartado
con el subsidio a los buses
pues sin chequeos ni cruces
es un robo descarado