Al menos 471 personas murieron y otras 234 fueron afectadas por los medicamentos envenenados con dietilenoglicol elaborados por un laboratorio de la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá, confirmó la fiscalía especial creada hace un año para investigar una de las peores tragedias de la salud pública panameña.
El fiscal superior especial de la Procuraduría General, Dimas Guevara, confirmó este miércoles que las autopsias a 107 pacientes fallecidos, en su mayoría de personas mayores de 60 años, confirmaron que su fallecimiento se debió a la ingestión de medicamentos contaminados con este químico.
Con estas nuevas confirmaciones, suman 471 las personas fallecidas a causa de la ingestión de medicamentos contaminados. La fiscalía ha recibido 705 denuncias.
La fiscalía examina los expedientes clínicos de decenas de pacientes de la CSS que fallecieron antes de la elaboración de los medicamentos contaminados y de todos los que consumieron jarabe expectorante de Guayacolato sin azúcar el año pasado.
La CSS le compró la glicerina contaminada a la empresa MEDICOM de Panamá, que a su vez lo adquirió, a través del grupo farmacéutico español RASFER, al chino CNSC Fortune Way Company.
Con dicho producto, el laboratorio de la CSS elaboró 14 medicamentos, en su mayoría jarabes para la tos y cremas para alergias.
La fiscalía investiga también a la empresa española, para lo que ha enviado una comisión rogatoria a España y ha gestionado a través de la cancillería panameña la solicitud de extradición de la presidenta de RASFER, la española Asunción Criado.
«Panamá puso las víctimas y por eso hemos enviado a los fiscales de España 200 cajas con evidencias que forman parte de la asistencia judicial», precisó Guevara.
Según una comisión rogatoria previa a China, RASFER habría comprado la glicerina industrial y no de uso humano a nombre de MEDICOM, un proveedor de medicamentos y materia prima para hospitales públicos.
«Esta crisis implica una cadena de responsabilidades, que no se definen todavía, por lo que vamos a remitir una nueva asistencia judicial a China», anunció Guevara.
Guevara informó a la AFP que tras un año de investigaciones se han identificado cuatro empresas y 16 personas han sido acusadas, de las cuales una está detenida.
El laboratorio de medicamentos de la CSS fue cerrado y el gobierno pagó 6,2 millones de dólares de indemnización a las víctimas y sus familiares.
Guevara aseguró que se investigan los casos de «personas de avanzada edad» que padecieron síntomas parecidos a la intoxicación con dietilenoglicol, «pero sin la documentación de consumo», con problemas sicólogos por usar los jarabes o que murieron y no se les practicó una autopsia.
«En algunos casos los expedientes médicos consignaron que el paciente estaba en observación por el posible diagnóstico de intoxicación, pero al cerrar el expediente no consta este diagnóstico final», explicó.
La asociación de pacientes y familiares de víctimas por el consumo con dietilenoglicol aseguran que cientos de panameños consumieron los medicamentos contaminados en zonas pobres e indígenas del país, pero las causas de la muerte no fueron registradas correctamente.