Como era de esperarse, el acuerdo o decreto del Congreso referente a restituir el recurso de indulto o de gracia presidencial, para los reos condenados a muerte, ha levantado una serie de comentarios, la mayoría de los cuales favorables; de igual manera, sólo que a la inversa, numerosas críticas abiertas y solapadas ha provocado el documento divulgado por el cardenal Rodolfo Quezada Toruño, al oponerse a la aplicación de la pena capital.
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Como yo no estoy para quedar bien con nadie, en el sentido de que mis artículos deban ser objeto de elogio ni nada parecido, además de que soy un simple y viejo reportero metido a columnista, también me sumo a las pocas, pero razonadas voces sensatas que no están de acuerdo con que el presidente de la República decida que un reo muera o le perdone la vida, además que no soy de los que creen que con la ejecución de decenas de convictos se va a detener la ola de violencia y de criminalidad que tiene atemorizada a la población, aunque la inmensa mayoría de los guatemaltecos están sedientos de venganza, y de ahí que esperarían que durante los próximos meses cada semana sea ejecutado en la silla de inyección letal uno o dos de los sentenciados a la pena de muerte; aunque mejor si se ejecuta la pena a cinco reos diariamente, para satisfacer las ansias de «justicia con inteligencia», parodiando el eslogan electoral de la UNE, cuando su entonces candidato presidencial se quedaba afónico clamando por combatir la violencia con métodos civilizados.
Pero como que hay que salir pronto del «máiz podrido» -como dijera mi tío Tonito Poloco- y para satisfacer las ansias de justicia que indudablemente animaron a los 140 diputados del honorable que levantaron la mano a favor de que sea el presidente de la República quien conceda o no la gracia, y en vista de que el vocero presidencial aseguró que el gobernante no discrepará de la sentencia judicial, lo más expedito sería que a los actuales 43 reclusos que esperan que se cumpla el veredicto de la justicia, se les aplique la inyección letal de ocho en ocho, durante los cinco días hábiles de la semana, y de esa cuenta sólo quedarían los tres últimos para el lunes siguiente.
De esa manera, en seis hábiles seguidos la hábil justicia guatemalteca, con el mandatario a la cabeza, se desharían de todos los condenados a muerte, aunque queda la posibilidad de que otros criminales que están haciendo cola se sumen a la cadena de quienes esperarían ingresar a la cámara de la inyección letal.
Al respecto de esa apresurada resolución legislativa, recibí un mensaje de Enrique Bedoya, quien intenta que se difunda profusamente, afirmando que la pena de muerte evidencia la cultura de la muerte que se ha posesionado de Guatemala, mientras miles de asesinos, algunos de ellos genocidas, caminan libremente por las calles e, incluso, ocupan posiciones en el Congreso, de suerte que legitimar este procedimiento inhumano sólo sirve para distraer la atención pública del estado de impunidad que impera en el país.
El recurso de las ejecuciones resulta una expresión trágica del fracaso del Estado en sus políticas de seguridad -expresa Bedoya-, se encuentra en plena oposición a los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales el Estado de Guatemala es signatario, además de que la pena de muerte no es la solución a la violencia y la criminalidad, porque es falso que sea disuasiva, sino que atenta contra los fundamentos mismos de la dignidad humana, al profundizar el desprecio a la vida y consolidar la cultura de la muerte.
Por su parte, pese a que la declaración del cardenal Quezada Toruño ha sido escuchada o leída ampliamente, vale la pena traer a cuenta su argumento respecto a que está plenamente comprobado que la pena de muerte no es disuasiva, toda vez que en los países donde aún se aplica, siguen cometiéndose asesinatos hasta en el mismo día de las ejecuciones.
Además, con ponderado análisis, el arzobispo señala que todo juzgador está expuesto al llamado error judicial, y desgraciadamente en el caso de la pena de muerte ese error es irreparable, a lo que se debe añadir que el sistema de justicia de Guatemala es enfermizo y raquítico, al margen de que se traslada en forma exclusiva y obligatoria al presidente de la República condonar o no esa sentencia, gracias a la levantada de mano de 140 diputados, de lo que se deduce de que poco sirve, entonces, que se desarrolle todo un procedimiento judicial.
El cardenal Quezada tuvo cuidado de advertir que no vaya a creer que su oposición a la pena de muerte -que yo comparto absolutamente, así como las aseveraciones siguientes- pretenden defender al delincuente, sino que debe ser castigado, y, en este sentido, es necesario exigirle a la autoridad del Estado cumplir con su misión constitucional, mediante la aplicación de la justicia, sin discriminaciones ni privilegios, de manera que la administración de justicia debe reparar la violación de los derechos personales y sociales, por medio de la imposición al reo de una adecuada expiación del crimen, como condición para ser readmitido el ejercicio de su propia libertad.
El prelado insiste en que debe quedar claro que, en consonancia con la encíclica Evangelium Vitae del papa Juan Pablo II, debe castigarse al delincuente, para que repare el desorden introducido por su crimen a fin de preservar el orden público, para seguridad de las personas y con el objeto de contribuir a la enmienda del culpable.
(El presbítero Romualdo Sinkura cita al político y escritor irlandés Edmund Burke: «El miedo es el más ignorante, el más injusto y el más cruel de los consejeros»)