De acuerdo con Nidia Aguilar, de la defensorí­a de la niñez, luego de la supervisión de hogares de protección y abrigo, efectuado recientemente, unos diez hogares dejaron de funcionar. También se reportó un 85% de despido de personal en otros y aproximadamente un 90% de las instituciones cerrarí­a o cambiarí­a de actividad debido a la implementación de la Ley de Adopciones.

A criterio de Byron Alvarado, el problema es que en Guatemala surgieron muchas casas de protección al amparo de leyes civiles sin ningún control. «La casa era una fachada para el comercio ilegal (…) era solo el parapeto legal de un negocio ilí­cito y sucio que estuvo en Guatemala desde 1977, hasta el 2007», enfatiza.

Sin embargo, reconoce que hay aspectos de tipo civil que restringen los derechos que el niño tiene. «La ley no se ha implementado efectivamente. Necesita ser aplicada al caso concreto, en beneficio de los niños que están en situación de abandono», recalca el jurista.

De concretarse esta situación, los chicos serí­an trasladados a un juzgado de niñez, para que se resuelva su situación. «Si los devuelven es una responsabilidad del Estado remitirlos a otros hogares», anota la defensora de la Niñez, por lo que continuarí­an en creciente aumento las historias de niños y niñas institucionalizados.