Luego de haber anunciado la intervención de las aduanas, primero, y de la Superintendencia de Administración Tributaria posteriormente, el Gobierno dispuso instruir al directorio de la SAT para que pidieran cooperación del Ejército y de la Policía Nacional Civil para incrementar la vigilancia en las aduanas a efecto de tener mayor control sobre el trasiego de mercaderías y de esa forma tratar de combatir en alguna forma el contrabando que provoca enormes pérdidas para el país y pingües ganancias para la red que lo maneja y para los comerciantes que ingresan su producto sin pagar derechos arancelarios ni IVA.
No puede pasarse por alto que la primera víctima de todo este enredo fue el mismo ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, quien se había probado como uno de los más influyentes del régimen luego de haberse dado el lujo de mandar a la punta de un cuerno al Congreso de la República cuando se planteó su interpelación. Un simulacro de renuncia bastó para que el ejercicio parlamentario fuera archivado y el funcionario rechazara cualquier invitación que le hacían diputados o comisiones de legisladores para hacerle algún interrogatorio.
Para incrementar la vigilancia en las aduanas bastaba y sobraba con que se tomara la decisión política de hacerlo sin tanto aspaviento ni tanta bulla como la que se armó alrededor de la idea inicial de intervenir las aduanas. Centeno sostuvo que nunca dijo que se interviniera la SAT y esa idea, cuya paternidad se desconoce, fue abandonada luego de recibir un baño de críticas por su carácter inconstitucional. El Gobierno ni siquiera se animó a gestionar una consulta ante la veleidosa Corte de Constitucionalidad y por ello se terminó haciendo lo que mandaba la lógica, es decir, incrementar los niveles de vigilancia para impedir que los furgones salgan como si fueran invisibles de las principales aduanas del país.
Obviamente no se puede suponer que con la medida se terminará el contrabando porque ya sabemos que vivimos en un país donde “todo se arregla” aceitando debidamente las piezas idóneas y, parafraseando aquella frase mexicana, es difícil que alguien aguante un cañonazo de cincuenta mil pesos, no digamos ahora que los cañonazos son de millonario calibre a diferencia de lo que ocurría en antañonas épocas.
Reiteramos nuestro punto de vista en el sentido de que el contrabando en Guatemala no es negocio nuevo ni desconocido: por el contrario, es seguramente el delito más estudiado y documentado que se atribuye al crimen organizado y por lo tanto es asunto de voluntad política acabar con esa práctica que promueve la competencia desleal entre empresarios y que ha cimentado la impunidad que protege a toda la corrupción.
Minutero:
El fantasma de Alfredo Moreno
se trajo al pico a Centeno;
ahora se prueba si el mando
puede con el gran contrabando