El asesinato de un alcalde en el estado mexicano de Michoacán mientras realizaba campaña electoral a favor de la hermana del presidente Felipe Calderón levantó nuevas dudas sobre el impacto del crimen organizado en la democracia en México, en especial en las elecciones del 13 de noviembre.
En esa fecha, Luisa María Calderón competirá por la gubernatura de Michoacán, estado natal de la familia Calderón, donde su hermano inició hace cinco años una ofensiva a nivel nacional contra las bandas de narcotráfico y donde muchos dicen que el sistema político tiene la peor infiltración del crimen.
El asesinato del alcalde Ricardo Guzmán, de 45 años, la noche del miércoles podría ser el más reciente en una serie de amenazas de cárteles de drogas que todos los partidos afirman haber recibido, y plantea el espectro de que la violencia en México relacionada con el narcotráfico interferirá con la democracia y la votación de la próxima semana.
«No creo que haya tenido enemigos políticos», dijo Luisa María Calderón, quien junto con su hermano pertenece al conservador Partido Acción Nacional. Pero cuando la prensa local le preguntó el jueves si pensaba que una banda de narcotráfico pudo haber estado involucrada, respondió «probablemente».
«í‰l había estado defendiendo su municipio de la incursión de los grupos (delictivos) organizados, que había ya sufrido bajas entre su policía», señaló. «í‰l me dijo ‘me quedo frente al municipio, porque quiero cuidar a mi municipio»’, agregó.
Jonathan García, secretario de acción juvenil del PAN y quien estaba con Guzmán durante el ataque, reportó que una mano portando una pistola emergió de una camioneta todoterreno negra y disparó directamente a Guzmán mientras éste entregaba frente a un restaurante de comida rápida material electoral de la campaña de Calderón y del hombre que compite para sucederlo en el cargo, según escribió García en su cuenta de Twitter.
La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que Guzmán fue alcanzado en el torso y el brazo derecho y que todavía estaba vivo cuando fue subido a la ambulancia.
Añadió que los investigadores entrevistaron a 11 testigos que dieron reportes contradictorios sobre el número de sospechosos que manejaban la camioneta Jeep Liberty desde donde le dispararon a Guzmán. Los fiscales habían dicho horas antes que había entre tres y cuatro hombres en el vehículo.
El procurador estatal Jesús Montejano dijo que el Jeep Liberty negro presuntamente usado en la balacera tenía placas del vecino estado de Jalisco, fronterizo con La Piedad. Montejano agregó que las autoridades cuentan con videos de vigilancia del área.
Cárteles de drogas han estado muy activos en el área alrededor de La Piedad, donde habitan cerca de 100.000 personas, y donde tres grupos criminales —los Zetas, los Caballeros Templarios y las bandas de Jalisco denominadas Nueva Generación— combaten por el territorio montañoso cubierto de bosque que forma una ruta de tránsito crucial donde se entrecruza el territorio de los tres grupos criminales.
Montejano señaló que los investigadores están tratando de determinar si una banda de narcotraficantes estuvo involucrada en el asesinato.
Hombres armados mataron en marzo al jefe de policía de La Piedad José Luis Guerrero, justo un par de meses después de que tomó el cargo. En el lugar de su asesinato se encontraron cartuchos percutidos de rifles de asalto AK-47, arma favorita de los cárteles. Su sucesor, Miguel Angel Rosas Pérez, fue reclutado de la policía federal, pero él también fue atacado, en julio, cuando más de 40 hombres armados llegaron a su cuartel de policía en una caravana de 10 vehículos y rociaron su estación con disparos antes de lanzarle granadas.
Aunque sobrevivió, al menos seis jefes policiacos municipales han sido asesinados en Michoacán en el 2011. Veinticinco presidentes municipales han sido asesinados en México desde diciembre del 2006, cuando iniciaron las medidas de fuerza del gobierno federal contra los cárteles de drogas.
La seguridad se incrementó el jueves por el funeral de Guzmán, al que asistieron destacadas figuras del PAN.
José Castro, un policía municipal, dijo que el alcalde «era alguien que realmente se preocupaba por la gente y se dedicaba a su trabajo».
Los Caballeros Templarios y La Familia parecen estar involucrados en la política michoacana, impulsando a sus candidatos favoritos, presionando a los rivales para que renuncien y apoyando marchas y protestas públicas, de acuerdo con autoridades del partido y de seguridad del estado.
Víctor López Landeros, vocero del Instituto Electoral Estatal, dijo que los problemas se limitan a sólo algunos de los 113 municipios y manifestó su confianza de que las elecciones puedan efectuarse con normalidad.
Sin embargo, representantes de otros partidos opinan distinto.
«El crimen organizado se está involucrando y desmotivando a los candidatos a alcalde», dijo Fausto Vallejo, candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). «Y no sólo le ha sucedido al PRI, sino a los otros partidos políticos» como el PAN o el de la Revolución Democrática (PRD).
Se cree que los cárteles también estuvieron involucrados en el secuestro en agosto de nueve empleados de encuestadoras en Michoacán. Aunque todos fueron liberados más tarde, su secuestro aumentó las preocupaciones por la interrupción abierta o encubierta de las elecciones del próximo domingo.