En total 44 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron brutalmente ametrallados el lunes por hombres enmascarados que irrumpieron en el pueblo de Bilge, en la provincia de Mardin, durante una fiesta de compromiso de bodas. El hecho provocó indignación a nivel nacional.
Los motivos de la masacre aún no fueron elucidados, pero según los testimonios recogidos en el lugar por la AFP, la causa sería una disputa por una deuda entre las dos familias de este pueblo de 300 personas.
Ocho individuos fueron inculpados. Formaban parte de un grupo de doce sospechosos detenidos tras la masacre, algunos en posesión de armas. Varios habitantes del pueblo los señalaron como miembros, o con estrechos lazos, con esta milicia kurda creada por el Estado turco para combatir a los rebeldes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK, prohibido).
El gobierno de Ankara arma y paga desde 1985 a unos 60.000 civiles kurdos varias decenas de millones de dólares al año para ayudar a las fuerzas de seguridad a combatir al PKK, que lucha contra el régimen turco desde 1984, conflicto que ya dejó unos 45.000 muertos.
Diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto en Turquía como en el extranjero, reclaman el abandono del sistema de los Guardianes de la Aldea, una fuerza que es casi intocable ya que Ankara dice que protege al Estado contra el «terrorismo» del PKK.
Según las estadísticas oficiales, centenares de miembros de esta fuerza paramilitar, sombra de las Fuerzas Armadas turcas en la región conflictiva, fueron implicados en asuntos de drogas, violaciones, secuestros y asesinatos.
«Â¿Las armas utilizadas (durante la masacre) pertenecen al Estado?», se preguntó ante la prensa, en Ankara, Emine Ayna, diputada del Partido por una Sociedad Democrática (DTP, pro kurdo).
«Esta fuerza debe ser desmantelada inmediatamente», dijo Ayna. La justicia turca amenaza con prohibir su partido por colusión con el PKK, organización calificada como terrorista por Ankara, la Unión Europea y los Estados Unidos.
La milicia, que conoce bien la zona montañosa kurda y participó en numerosas operaciones militares contra el PKK, tiene una reputación controvertida. Unos 5.000 milicianos fueron implicados en crímenes y delitos, pero sólo 900 fueron inculpados, según las cifras oficiales.
«Hay muchos problemas con ellos, pero generalmente las autoridades cajonean las investigaciones», subraya un joven habitante de Mardin que se rehúsa a dar su nombre por miedo a «represalias».
Según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, estos milicianos son en su mayoría «señores de la guerra» que actúan en pos de sus propios intereses.
En una carta al gobierno turco, la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) pidió la disolución de esta fuerza paramilitar.