De acuerdo con los resultados del Latinobarómetro 2004, sólo en dos países latinoamericanos, menos de la mitad de sus poblaciones afirmaron que «la mano dura no le viene mal al país». El país más autoritario es Paraguay, con el 85%, mientras Guatemala le sigue con el 78% de la gente que privilegia el orden sobre las libertades.
En América Latina, la ciudadanía reconoce la democracia como la manera de desarrollarse, pero necesitan progresar en la solución de sus problemas y demandan liderazgos fuertes que ofrezcan orden. Confundir esto con una demanda de gobiernos militares es no comprender el autoritarismo social del continente.
La enraizada cultura del autoritarismo que vivimos puede empezar a superarse al iniciar una auténtica transición a la democracia que principie por mejorar tanto los mecanismos de representación como de expresión directa, disminuyéndose la injerencia de los partidos a la par de incrementar otros medios de participación.
También es conveniente identificar qué tipo de intención subyace y prevalece en las extendidas críticas que identifican a los políticos como los únicos responsables de todos los males de nuestros países. Insistir en la culpabilidad exclusiva de los políticos favorece los proyectos autoritarios de «hombres fuertes», con puños en alto y planes concebidos por los sectores de mayor concentración y poder económico.
En Guatemala, los constantes señalamientos contra la «clase política» provocaron la desvalorización de la política como opción para regular y articular intereses diversos, y evitar el predominio de algunos sectores sociales sobre otros. Por otra parte, no se ha impugnado la responsabilidad de distintos agentes sociales que han contribuido a ese descrédito colectivo.
En los años 90 hubo una simbiosis fatal entre la política criolla y el «endiosamiento» del mercado como posibilidad redentora de los problemas nacionales. La oposición al Estado lo redujo a su mínima expresión, en lugar de promover que este sea fuerte y eficiente. Durante su proceso de desmantelamiento se debilitó al ejército, originándose un vacío aprovechado por el crimen organizado y el narcotráfico para constituirse en poder paralelo. La pérdida de controles estatales permitió la proliferación de la narcoviolencia, la corrupción, el contrabando, la defraudación y evasión fiscal, la depredación de los recursos naturales y un mayor distanciamiento entre la sociedad civil y el Estado.
Es urgente la revalorización de la política y de los políticos, en el sentido de profunda entrega y representación cabal de los intereses del conjunto de la población, esfuerzo imprescindible para garantizar el resurgimiento del país. Es preciso estar conscientes de que se podrá salir de la crisis con política y no sin ella. Más y mejor política, entendida como una actividad que exige constantes innovaciones, imaginación y espíritu de servicio, en lugar de la política como búsqueda egoísta y miope del poder y de los privilegios individuales.