La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al juzgado Noveno sumar a 17 infantes cuyos padres fallecieron en el accidente ocurrido en la vuelta El Chilero, carretera a El Salvador, en febrero último.
lahora@lahora.com.gt
Los anteriores se suman a un grupo de 56 niños y niñas en situación de orfandad, ya que uno o ambos de sus progenitores fallecieron en ese accidente que cobró la vida de 55 personas.
Aunque el Ministerio Público (MP) tiene abierta la investigación por ese incidente, hasta la fecha no se ha revelado otros nombres de posibles responsables penales del accidente.
Aníbal Salguero, diputado del Congreso de la República y propietario de la empresa a donde pertenecía el autobús colisionado, enfrenta un procedimiento de antejuicio cuyas pesquisas aún se desarrollan.
Solicitud
í‰lida Salguero, abogada querellante dentro de ese proceso, presentó a Nery Medina, juez Noveno de Primera Instancia, la autorización para incluir en la querella a 17 niños más que perdieron a sus padres en el accidente.
El número de víctimas colaterales llegará a 73 niños y niñas, quienes durante el proceso penal podrán exigir, por medio de las abogadas del Estado, el pago por responsabilidades civiles, mismo que podría ser de unos Q70 mil por cada uno.
«Ese pago será responsabilidad de quien o quienes resulten responsables penalmente de ese accidente», indicó la jurista de la PGN.
Salguero no descarta que en el futuro se vayan sumando más víctimas, sin embargo, indicó que las trabajadoras sociales de la PGN son las encargadas de hacer el estudio socioeconómico de las víctimas para poder incluirse dentro del proceso.
Los más de 70 niños y niñas que están bajo el cuidado de la PGN oscilan entre las edades de un mes a 16 años. La Procuraduría sólo puede hacerse cargo de ellos hasta los 18 años.
A la espera
Rolando Rodenas, fiscal del MP a cargo de la investigación, manifestó que esa instancia permanece a la expectativa de lo que el antejuicio contra Salguero, hasta ahora único posible implicado en el hecho, pueda apuntar.
La fiscalía prefiere no pronunciarse sobre cualquier tipificación de delito, ya que el antejuicio aún no ha sido resuelto en definitiva.
Esta semana Napoleón Gutiérrez, juez pesquisidor de ese proceso, citó a varios funcionarios de la Dirección General de Transporte y citará mañana al congresista para finalizar las investigaciones y emitir un informe a la Corte Suprema de Justicia; quien tiene la última palabra sobre el retiro de la inmunidad a Salguero.
El MP solicitó el antejuicio contra Salguero después que por medio de un análisis de grafotecnia, efectuado por expertos del Inacif, se determinara que fue falsificada la firma del supuesto comprador de la camioneta accidentada.
Aunque la fiscalía no se pronuncia al respecto, fuentes del MP aseguran que los ilícitos en los que pudo incurrir Salguero se encuadran en falsedad ideológica, uso de documentos falsificados, usurpación y falsedad material.