Al menos unos 400 agentes de seguridad son destinados para que proporcionen medidas cautelares y de protección a defensores de Derechos Humanos, según datos de la Copredeh.
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Hugo Martínez, de la unidad coordinadora de protección para defensores de derechos humanos de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), señaló que de 2003 hasta la fecha 220 defensores de derechos humanos han gozado este tipo de protección a solicitud del Sistema Interamericano de Justicia y por el sistema nacional.
Empero, reconoció que tales medidas no serían necesarias si fuese ágil la investigación de casos de intimidaciones, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos, sindicalistas y hasta operadores de justicia.
Martínez señaló que ha habido situaciones donde las personas han tenido protección por más de 10 años.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas recientemente manifestó su preocupación por la impunidad que prevalece en estos casos.
Actualmente hay 53 defensores y 39 administradores de justicia que reciben seguridad, tanto perimetral, de puesto fijo de vigilancia y de protección personal, la cual está a cargo del Ministerio de Gobernación.
Casos donde se han proporcionado este tipo de medidas por más de 10 años.
INCUMPLIMIENTO
Activistas de derechos humanos reconocen que la falta de efectivos de la PNC complica que las medidas sean viables. «A uno le da pena, pero esto no sería necesario si hubiera investigación», dijo Carmen Aída Ibarra de la Fundación Myrna Mack.
La activista contó que a raíz de la lucha en búsqueda de justicia tras el asesinato de Myrna Mack, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió al Estado que proporcionara medidas cautelares, empero señaló que la misma ha sido incumplida.
Mario Minera, director del Centro Legal en Derechos Humanos (CALDH), también refirió que la institución ha solicitado tales medidas en unas 20 ocasiones al sistema nacional de protección, aunque las mismas no han sido dispuestas.
Asimismo, Rafael Maldonado, coordinador del área jurídica del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), refirió que luego del atentado que sufriera el director de la institución -en septiembre pasado-, se asignó la vigilancia permanente de una autopatrulla entre las 8:00 y 17:00 horas, empero, dijo que desde noviembre la presencia de la seguridad era más esporádica, hasta que dejó de llegar.
«En CALAS solicitamos información a la directora de la PNC sobe la seguridad que se debería brindarnos, y ella dijo que en sus registros aparece que la seguridad está en el sitio correcto, pero no es cierto», aseveró.
Por su parte, Alma Luz Guerrero, asesora en femicidios y derechos humanos, del despacho de Gobernación, negó tal acusación, y aseguró que han corroborando la presencia de la unidad; sin embargo, indicó que solicitarán el GPS (sistema de posicionamiento global) de la unidad para tener la información detallada sobre la ubicación que la misma debió tener desde septiembre último.
Un total de 191 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos, entre las que se incluyen 11 asesinatos, han ocurrido de enero a noviembre pasado.
El dato fue revelado en el marco de un foro organizado por Naciones Unidas para conmemorar el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.
«En los primeros once meses de 2008 se perpetraron 191 agresiones, contra las 195 que hubo a lo largo de 2007 y las 277 de 2006», destacó Claudia Samayoa, dirigente de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
De acuerdo con la activista, en este país existe «un clima de agresiones», y el sector más afectado es el sindical con 47 casos, seguido por organizaciones que buscan la verdad sobre la guerra interna que en total sufrieron 30 ataques.
«El hecho más palpable de la inseguridad en la que se mueven los activistas fue el ataque a tiros que sufrió el pasado 4 de septiembre el director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), Yuri Mellini, quien sufrió 7 heridas de bala», sostuvo Samayoa.
El obispo de la Diócesis de San Marcos (oeste) y presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), ílvaro Ramazzini, aseguró que el sistema legal de Guatemala «no funciona» y que «se corre el riesgo de perder la vida por defender los derechos humanos».
«Hay falta de sensibilidad nacional de la problemática que viven los defensores porque la impunidad sigue reinando. El país está en un momento muy crítico», detalló Ramazzinni.
Por su parte, la embajadora de Francia, Michelle Ramis-Plum, expresó que la Unión Europea (UE) está comprometida con la defensa de los derechos humanos y que se considera como socia de los países para que cumplan con este deber.
(AFP)