El gobierno estadounidense sigue sumando obstáculos a las defensas de los detenidos en su base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba, pero pese que enfrentaron dos años de prohibición de acercarse a sus clientes, los abogados han logrado ganar ciertos espacios.
Capturados en el marco de la «guerra al terrorismo» que Estados Unidos inició tras los ataques del 11 de setiembre de 2001 contra Washington y Nueva York, los primeros «combatientes enemigos» llegaron a la prisión de la base norteamericana en enero de 2002.
Rápidamente, un puñado de abogados iniciaron gestiones para buscar que la prisión de Guantánamo no fuera un agujero negro jurídico.
Actualmente suman unos 500 defensores, algunos de los cuales son voluntarios, otros fueron contratados por las familias de los detenidos o por asociaciones, y otros fueron enviados por grandes firmas de abogados.
Pero se necesitó la orden de una corte de apelaciones federal en diciembre de 2003 para que pudieran reunirse con sus defendidos, en la misma época en que abogados militares habían sido asignados a la defensa de los primeros prisioneros oficialmente inculpados.